Sube la confianza en jueces y favorece competitividad de Michoacán: PJM

MORELIA, Mich., 14 de octubre de 2026.- El incremento en la confianza ciudadana en juezas y jueces de Michoacán que reporta el INEGI es un indicador favorable para la certeza jurídica y la competitividad del estado, afirmó el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, al destacar los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en septiembre pasado.

En comunicado de prensa, Gama Coria recordó que, de acuerdo con esta medición, la confianza en las personas impartidoras de justicia de la entidad alcanzó un 60.1%, lo que representa un incremento de 7.7 puntos porcentuales respecto al año anterior y supera el promedio nacional, que es de 58.3%, por lo que estas cifras demuestran que las acciones implementadas desde la nueva conformación del Poder Judicial de Michoacán han tenido un impacto positivo en la impartición de justicia.

“Esa mejoría refleja el fortalecimiento del Estado de derecho, lo que se traduce en mayor protección de derechos y certeza jurídica para las personas físicas y morales. La confianza en las instituciones judiciales es un factor que contribuye a generar mejores condiciones para la inversión, al ofrecer certidumbre en la resolución de controversias y en la defensa de los derechos”, afirmó.

En ese sentido, “El Poder Judicial de Michoacán está cumpliendo con su mandato constitucional para fortalecer la competitividad de la entidad a través de la impartición de justicia”, por lo que contar con instituciones judiciales confiables es relevante no solo para garantizar los derechos de las personas, sino también para ofrecer condiciones de certeza jurídica a las empresas, lo que contribuye al desarrollo de Michoacán, refirió Gama Coria.

Finalmente, aseguró que se trabaja para seguir avanzando en la confianza ciudadana mediante acciones que van desde la capacitación continua del personal y la certificación de personas justiciables, la cercanía con la ciudadanía con las sedes regionales y la difusión de las decisiones judiciales, entre otras, con el propósito de consolidar una justicia completa: más cercana, más eficiente y más profesional.