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MORELIA, Mich., 9 de abril de 2019.- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ya no estaría en condiciones de suspender los efectos legales de la consulta realizada en Santa Fe de la Laguna el pasado 19 de marzo, para la transferencia del presupuesto directo por el ayuntamiento de Quiroga a esa comunidad, advirtió la consejera electoral Araceli Gutiérrez Cortés.
En entrevista, Gutiérrez Cortés dijo tener conocimiento del recurso legal interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el IEM, y la calificó como sorpresiva debido a que en las útimas mesas de diálogo las autoridades municipales de Quiroga manifestaron un discurso de absoluta disposición.
Aunque dijo que no han sido notificados, advirtió que la posible pretensión de una suspensión de los efectos de la consulta en Santa Fe de la Laguna para la entrega del presupuesto, ya no sería competencia del IEM, que por su parte no hizo más que acatar una sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM).
“Es muy sorpresivo. Habrá que ver en qué sentido viene esa controversia, porque en este momento nosotros ya no estamos en condiciones de suspender nada. Para una suspensión de la materialización de transferencia de los recursos eso ya no es competencia del IEM, cuyas responsabilidades ya fueron ejecutadas; sería improcedente cualquier tipo de medida precautoria o de suspensión”, expuso.
Judicializar, nueva tendencia para retrasar presupuesto directo autónomo
Pese al reconocimiento en el discurso político al derecho de libre determinación, y como una nueva tendencia, los ayuntamientos apresuran juicios ante tribunales locales y federales para dilatar la entrega del presupuesto directo a las comunidades indígenas que así lo demandan, advirtió Gutiérrez Cortés.
“Pareciera que los ayuntamientos encontraron una nueva forma de atrasar la entrega del recurso a las comunidades en términos de la obligación que tienen; por las resoluciones que los vinculan, si ellos no cumplen con esta resolución, se hacen acreedores a una sanción”, comentó la también presidenta de la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas.
Explicó que en el caso de Santa Fe en 2017 el ayuntamiento de Quiroga interpuso una controversia constitucional que detuvo el proceso por casi dos años, lo que va deteriora el derecho de las comunidades que si bien, al ser un derecho reconocido al final va a prosperar, estas acciones dilatorias retardan muchísimo tiempo.
“En los primeros casos no hubo tanta complicación para la transferencia de los recursos pero en las últimas dos experiencias vemos que están recurriendo al sistema jurídico para detener al ejercicio pleno de un derecho que ya ha sido reconocido es muy lamentable, porque además no queda en la parte jurídica, sino que se traduce en un conflicto político y social muy complejo en la comunidad”, explicó.




