Destaca Torres Piña acciones de Sheinbaum para apoyar el deporte
MORELIA, Mich., 23 de julio de 2025.- Este miércoles se realizaron las comparecencias de las aspirantes a la magistratura titular de la Quinta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán, sin embargo, el proceso se llevó a cabo sin convocatoria ni acceso a medios de comunicación, por lo que se desconoce lo expuesto por las participantes ante la Comisión de Justicia del Congreso local.
Pese a tratarse de un tribunal cuya función es garantizar la legalidad administrativa y combatir la corrupción, la fase de entrevistas se efectuó en condiciones cerradas, pues así lo decidieron los diputados de la Comisión de Justicia, presidida por Morena, con: Anabet Franco, como presidenta, e integrada por Giulianna Bugarini (Morena), David Martínez Gowman (PVEM), Vicente Gómez (PT) y Marco Polo Aguirre Chávez (sin partido).
Y es que, en la agenda de comisiones no se publicó que este miércoles se llevarían a cabo las comparecencias, por lo que no hubo transparencia de las mismas ni rendición de cuentas sobre los criterios de evaluación, la idoneidad de los perfiles o la exposición de propuestas, además, las comparecencias tampoco se transmitieron por los canales institucionales.
Entre las ocho aspirantes que participaron, destaca Azucena Marín Correa como el perfil más visible. Excontralora del Gobierno de Michoacán, Marín se separó del cargo el 22 de abril de este año, por lo que el pasado 22 de julio cumplió exactamente noventa días de haber renunciado, justo el plazo mínimo que marca la Constitución del Estado, para que una exfuncionaria pueda ser elegible.
Sin embargo, la Constitución General establece un año como tiempo mínimo para haberse separado del cargo en el Poder Ejecutivo, al que ahora, como magistratura anticorrupción, aspira a fiscalizar en el ámbito de sus competencias.
Las otras aspirantes que acudieron a la comparecencia fueron Rebeca Vega Vitella, Zaidet Guadalupe Carranza García, Citlali Vianney Suárez Farfán, Mara Pacheco Díaz, Paulina Mahelet Couto Cardona, Evelyn Sarahí Rodríguez Ochoa y Marlene Aristeo Mendoza Díaz, cuyos perfiles permanecen fuera del radar público, sin antecedentes conocidos en la administración estatal.
La convocatoria fue expedida por la Comisión de Justicia en cumplimiento al decreto que reformó el Código de Justicia Administrativa en diciembre de 2024, el cual ordenó la integración del nuevo Tribunal Anticorrupción en un plazo no mayor a 120 días hábiles.
El proceso establece que, tras las entrevistas, se dictaminará una terna que será sometida a votación del Pleno del Congreso, el cual elegirá por mayoría calificada a la próxima magistrada, quien ejercerá un periodo de nueve años con posibilidad de reelección.
Aunque las comparecencias pueden realizarse de forma presencial o virtual, y la ley no obliga a su difusión pública, la decisión de mantenerlas fuera del alcance de la opinión pública contrasta con el principio de apertura que debería regir en los procesos de designación judicial, particularmente en órganos creados para vigilar el ejercicio del poder y sancionar actos de corrupción.
La Comisión de Justicia valorará la documentación entregada por cada aspirante, así como su ensayo de postulación, experiencia jurídica mínima de tres años, promedio académico, cartas de referencia, residencia efectiva en Michoacán y la Declaratoria 3 de 3 contra la violencia.
La terna deberá integrarse en los próximos días para que el Congreso proceda a la votación definitiva.




