Sigue activo en IEM exinterventor, pese a omisión fiscal de 96 mp

MORELIA, Mich., 19 de mayo de 2025.- Aunque omitió la retención y el entero de 96 mil 144.03 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en la liquidación del partido Encuentro Solidario Michoacán (PES), el exinterventor José Uriel Ramírez Pineda sigue en funciones dentro del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Entrevistada este lunes, la consejera Selene Lizbeth Medina, presidenta de la Comisión de Fiscalización, subrayó, a pregunta expresa, que se privilegiará la presunción de inocencia en tanto avanza la investigación.

El nombramiento y la aceptación de su renuncia es una decisión del Consejo General, no tenemos ninguna normatividad que regule eso. Apenas se dio vista al órgano de control interno y eso lleva su etapa procedimental”, explicó Medina en entrevista, tras reiterar que la Comisión de Fiscalización no tiene atribuciones para suspender o remover al funcionario.

La Comisión rechazó el informe bimestral del interventor correspondiente a enero y febrero, al identificar múltiples omisiones fiscales en pagos realizados a supuestos extrabajadores del PES y de Tiempo por México. En el caso del PES, se firmaron convenios laborales con pagos netos sin retención de impuestos; en el caso de Tiempo por México, aunque se timbraron los pagos y se hizo la retención, no se enteró el ISR.

Las tres consejerías que integran la Comisión no tuvieron por aprobado el informe, porque no retuvo, no enteró y no pagó impuestos”, explicó la consejera.

A partir de estas irregularidades, la Comisión instruyó a la Coordinación de Fiscalización realizar dos acciones clave: confrontar los pagos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para validar los montos adeudados, y verificar si las personas que recibieron pagos estaban registradas como extrabajadoras ante el Sistema Integral de Fiscalización del INE, como exige el artículo 50 del reglamento vigente.

Desde su óptica, Medina votó en contra de los convenios firmados por el exinterventor con el argumento de que no se había acreditado que las personas beneficiadas tuvieran ese carácter legal. 

Para mí, primero se tenía que clarificar si eran o no trabajadores, si tú no sabes todavía si tienen ese carácter o no, no puedes llegar a convenir”, sostuvo.

También expresó reservas sobre la naturaleza y legalidad de algunas de las prestaciones otorgadas.

 No podría decir si son excesivas o no, pero a mí no me quedó claro cuáles eran esos conceptos”, dijo al señalar que entre los beneficiarios había personas que formaban parte de las dirigencias partidistas y otras sin funciones claramente identificadas.

Aunque la posibilidad de dar vista a la Fiscalía General del Estado no ha sido descartada, Medina aclaró que el proceso avanza por etapas.

 Todavía van a realizarse muchas diligencias, si es el caso, se analizará dar vista a otras autoridades”, afirmó.

El Instituto está actuando con exhaustividad, objetividad y con mucha responsabilidad, porque se trata de recursos públicos”, concluyó.