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MORELIA, Mich., 2 de julio de 2026.- El Congreso de Michoacán aprobó con 20 votos a favor, uno en contra y una abstención -de Carlos Tafolla- la desaparición del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán (Cesmich), organismo creado en la actual administración estatal.
En sesión pública, este miércoles, el Poder Legislativo aprobó sustituir al Cesmich, que encabezaba Eduardo Orihuela, por el Consejo Michoacano para el Desarrollo Económico, un nuevo órgano que será presidido por el titular del Poder Ejecutivo y cuya integración detonó un enfrentamiento entre Morena y el PRI por el control de la política económica del estado.
La reforma fue respaldada por la mayoría legislativa, que la tarde de este miércoles defendió la desaparición del Cesmich bajo el argumento de que se había convertido en una estructura burocrática costosa y sin resultados, mientras que la bancada priista acusó que el nuevo esquema concentra el control en el Ejecutivo y elimina un espacio de representación plural.
Durante la discusión, el diputado de Morena, Juan Pablo Celis Silva, aseguró que el Cesmich "sólo era una carga burocrática económica donde dinero se invertía y no sw traducía en resultados tangibles en favor de las michoacanas y los michoacanos".
Afirmó que la reforma no elimina la participación ciudadana, sino que la reorganiza "sin gasto para el erario público", mediante un consejo con atribuciones para emitir recomendaciones, proponer proyectos estratégicos, participar en la evaluación de las políticas públicas y construir una agenda económica incluyente y competitiva.
También sostuvo que el nuevo modelo permitirá reunir en un solo espacio al sector empresarial, las universidades, las organizaciones sociales y las instituciones públicas, evitando duplicidades y fortaleciendo la coordinación para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo regional.
El debate subió de tono cuando Celis respondió a las críticas del PRI al señalar que el tricolor construyó burocracias durante sus gobriernos y afirmó que "lo que no sirve se desecha", al tiempo que pronosticó que el mismo destino tendrá ese partido en las próximas elecciones.
En respuesta, el coordinador parlamentario del PRI, Guillermo Valencia Reyes, rechazó que la desaparición del Cesmich obedezca a criterios técnicos y acusó que detrás de la reforma existe una decisión política para concentrar el control del nuevo organismo.
"Si hay duplicidad de funciones, se debería priorizar dejar a quien abarca más en la atención a los ciudadanos. Aquí hay un sesgo político que por más que quieran evitar o pretendan ocultar, todos conocemos", sostuvo desde la tribuna.
Valencia recordó que el propio gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla fue quien instaló el Cesmich, al señalar que comenzó a operar en 2022 y recibió presupuesto a partir de 2023, por lo que cuestionó que ahora Morena lo presente como una estructura ineficiente.
La confrontación derivó incluso en un intercambio de acusaciones sobre seguridad pública, el Plan Michoacán y el escenario electoral de 2027, luego de que Celis acusara al PRI de haber perdido la confianza ciudadana, mientras que Valencia respondió que Morena gobierna actualmente con personajes provenientes del propio priismo y sostuvo que será la ciudadanía quien emita el juicio definitivo en las urnas.
Más allá del choque político, el dictamen aprobado sostiene que el Cesmich presentaba debilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas, además de que sus recomendaciones no tenían carácter vinculante para el Gobierno del Estado ni para los municipios, lo que limitaba su impacto en la toma de decisiones.
Los legisladores también argumentaron que coexistían distintos órganos con funciones semejantes en materia de consulta económica, lo que generaba duplicidad de esfuerzos, fragmentación institucional y falta de coordinación, por lo que optaron por concentrar esas atribuciones en un solo organismo.
El nuevo Consejo Michoacano para el Desarrollo Económico será un órgano colegiado de participación ciudadana, consulta, asesoría y evaluación de políticas públicas y proyectos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Será presidido por el titular del Poder Ejecutivo y estará integrado además por las personas titulares de las secretarías de Desarrollo Económico, Finanzas y Administración y Educación; la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado.
La presidencia de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios del Congreso del Estado; un representante del sector académico y dos representantes de los sectores económicos predominantes de Michoacán. Todos los cargos serán honoríficos y deberán respetar el principio de paridad de género.
Entre sus atribuciones estarán emitir opiniones y recomendaciones sobre políticas públicas, analizar coyunturas económicas, formular proyectos estratégicos de inversión, proponer planes de desarrollo de largo plazo, organizar espacios de diálogo entre los sectores productivos, académicos y sociales, así como promover mecanismos de financiamiento y colaboración público privada para fortalecer el desarrollo económico del estado.
La reforma también incorpora a la Ley de Desarrollo Económico el distintivo "Michoacán de Origen", con el propósito de impulsar la comercialización de productos elaborados por emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas michoacanas en grandes cadenss comerciales, además de facultar a la Secretaría de Desarrollo Económico para gestionar programas y apoyos federales destinados al desarrollo económico.
Con el decreto aprobado queda abrogada la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán, vigente desde 2011, así como el decreto de 2022 mediante el cual fue ratificada la presidencia del organismo.
Los artículos transitorios establecen que el Ejecutivo contará con un plazo de 90 días hábiles para instalar el nuevo Consejo y emitir su reglamento interno. En ese mismo periodo deberá formalizar la extinción del Cesmich, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico fungirá como órgano liquidador, recibirá sus bienes, recursos y patrimonio, y garantizará el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.




