Señalan argumentos para anular elección judicial

MORELIA, Mich., 9 de junio de 2025.- La elección judicial extraordinaria debe declararse nula por violar principios constitucionales como certeza, legalidad, imparcialidad y equidad, advirtió Alejandro Bribiesca Gil, experto en materia electoral, al señalar que existen elementos suficientes tanto políticos como jurídicos para proceder en consecuencia.
En entrevista, Bribiesca, representante legal del PRI ante el Instituto Electoral de Michoacán, afirmó que la participación de autoridades estatales, federales y posiblemente municipales, así como el uso de recursos públicos y la distribución masiva de acordeones impresos para inducir el voto, configuran una serie de irregularidades que, en cualquier elección ordinaria, hubieran sido causa suficiente para anular los comicios.
“Si esto hubiera ocurrido en una elección ordinaria, nadie dudaría de la nulidad”, sostuvo. En su análisis, apuntó que aunque la elección judicial tiene reglas particulares, está sujeta a los mismod principios constitucionales que rigen cualquier contienda democrática, por lo que las anomalías no pueden pasarse por alto.
El especialista explicó que el uso de acordeones impresos a gran escala vulneró la equidad al inducir el sentido del voto, y que la participación de funcionarios públicos en la promoción del sufragio configuró uso indebido de recursos públicos. “Todos sabemos quiénes repartieron los acordeones y que fueron millones”, señaló.
Además, indicó que la certeza del proceso quedó comprometida no solo por esas prácticas, sino por la alta cantidad de votos nulos, que se estima en más de 10 millones.
“En casi todas las elecciones y contiendas que tú veas, hay más votos nulos que la persona que gana. Eso le quita certeza”, dijo al advertir que la calificación de esos votos estuvo sujeta a criterios dispares.
En el caso de Michoacán, citó que se detectaron 23 mil boletas con posibles irregularidades, como alteraciones o coincidencias en la caligrafía, lo cual podría ser indicio de manipulación. A su juicio, incluso sin necesidad de impugnaciones, las autoridades electorales deberían actuar de oficio ante este cúmulo de ilegalidades.
Desde su óptica, la elección fue un fracaso tanto en términos políticos como jurídicos. “Uno de cada diez mexicanos participó. Y de ese uno de cada diez, me atrevo a decir que el 80 por ciento fue llevado de manera corporativa por líderes, instituciones o por motivos laborales o políticos”, cuestionó.
Advirtió que aunque su análisis parte también de una posición política crítica frente a la reforma judicial, su argumento central se sustenta en principios constitucionales que fueron vulnerados y cuya violación sí está prevista como causal de nulidad electoral.
Finalmente, aseguró que su partido a nivel nacional promoverá todos los recursos legales posibles, incluyendo instancias internacionales, si no se obtienen resultados en el ámbito interno. También confirmó que en Michoacán se respaldará jurídicamente cualquier esfuerzo que se encamine a impugnar el proceso.