Arrastra Congreso más de 400 iniciativas sin dictaminar
MORELIA, Mich., 11 de abril de 2025.- En una sesión ordinaria con fuertes implicaciones políticas, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó con mayoría de votos el sobreseimiento del procedimiento sancionador POST 14/2024 contra el PRD Michoacán, bajo el argumento de que las multas pendientes correspondían a su etapa como partido nacional, figura que ya fue extinguida por el INE.
La determinación generó una amplia confrontación entre los consejeros electorales y los representantes partidistas, al tocar un punto delicado del sistema político-electoral: la responsabilidad jurídica de los partidos locales cuando derivan de institutos nacionales en liquidación.
Mientras una parte del Consejo defendió la independencia legal del PRD Michoacán frente a su antecesor nacional, otros sostuvieron que existe una continuidad de facto que implica asumir también las obligaciones financieras y administrativas.
La postura mayoritaria sostuvo que no existe un marco normativo que obligue a una nueva figura local a responder por sanciones impuestas a una organización ya desaparecida.
En este sentido, los consejeros favorables al sobreseimiento subrayaron que imponer multas sin un sustento claro representaría una violación al principio de legalidad.
Por el contrario, los votos en contra consideraron que el PRD local mantiene elementos de continuidad como militancia, estructura, activos y presencia política, lo que obligaría a reconocer también sus pasivos. Se anticipó que habrá un voto particular con argumentos jurídicos que buscarán dejar constancia de esta interpretación alternativa.
El debate también se trasladó a la arena partidista. Mientras el PAN y el PRI acusaron al Consejo de inconsistencias y de ceder a intereses de coyuntura para favorecer al PRD, Morena, el PT y el propio partido del sol azteca defendieron la separación jurídica entre ambas entidades.
Los cruces de señalamientos incluyeron acusaciones de hipocresía, alianzas ocultas y cálculos electorales de cara a los próximos comicios locales.
La votación, más allá del resultado, evidenció cómo la transformación de los partidos nacionales en estructuras locales abre nuevas interrogantes en materia de fiscalización y sanciones.
Algunos representantes advirtieron que este precedente podría generar vacíos legales o incentivos para eludir responsabilidades mediante cambios de registro.




