Reformas en seguridad combaten extorsión, trata y clonación de autos
MORELIA, Mich., 12 de julio de 2026.-El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) resolvió sancionar a José Luis Maximiliano Becerra y Gildardo Rivera Aguilera por actos de violencia cometidos contra integrantes del Concejo Comunal Indígena de San Ángel Zurumucapio.
De acuerdo con la resolución, a José Luis Maximiliano Becerra se le acreditó violencia política genérica, mientras que a Gildardo Rivera Aguilera se le declaró responsable de violencia política contra las mujeres en razón de génerom dicta el comunicado de prensa.
Los hechos incluyeron amenazas y agresiones que ocasionaron afectaciones físicas y psicológicas a las concejeras, tres de las cuales se encontraban embarazadas en ese momento.
En la reciente sesión del TEEMICH, del pasado 9 de julio, estableció que uno de los hechos sancionados ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando José Luis Maximiliano Becerra, quien aún se desempeñaba como autoridad comunitaria, participó directamente junto con un grupo de seguidores en acciones relacionadas con la negativa a realizar el proceso de entrega-recepción de los bienes de la comunidad.
Un boletín que circulado por las víctimas, indican que José Luis Maximiliano Becerra ejerció funciones como autoridad comunitaria durante siete años.
Tras no resultar favorecido en la Asamblea General del 9 de febrero de 2025, en la que buscaba su reelección por un periodo adicional de tres años, emprendió una campaña política interna que generó división en la comunidad, adjudicándose la representación del autogobierno comunitario, según se documentó ante la instancia electoral.
Además, durante su gestión desempeñó simultáneamente cargos como docente y director de una escuela primaria, sin que, según se señala, hubiera solicitado licencia para separarse de dichos puestos.
La resolución emitida por el Teemich constituye un precedente relevante al tratarse de uno de los primeros casos en que un exfuncionario de una autoridad comunitaria es sancionado por este tipo de conductas, marcando un referente para la protección de los derechos de quienes integran los gobiernos comunitarios.
Por primera vez, un integrante de un Concejo de Gobierno Comunal es sanciónado por violencia política contra la mujer.




