Rotación de mandos y 5 nuevas vicefiscalías, ejes de ley de la FGE

MORELIA, Mich., 8 de octubre de 2025.- La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán al Servicio de las Víctimas rediseña la estructura y funcionamiento de la institución, con la creación de cinco vicefiscalías especializadas, la rotación obligatoria de mandos sustantivos, controles de confianza más rigurosos y la incorporación de un ecosistema digital para la investigación penal.

Cinco vicefiscalías, nuevo nivel de mando

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Congreso de Michoacán, el nuevo modelo sustituye la figura del Fiscal Coordinador y establece cinco vicefiscalías con facultades estratégicas: Inteligencia e Investigación Criminal, Control Interno y Evaluación, Operaciones y Coordinación Territorial, Delitos de Alto Impacto y Derechos Humanos.

Cada una contará con estructura propia, personal técnico y atribuciones específicas para dirigir, coordinar y evaluar la actuación de las áreas sustantivas de la Fiscalía.

Aunque la Ley mantiene la existencia de las fiscalías regionales y especializadas, las vicefiscalías se ubican en un nivel jerárquico superior. No sustituyen a las regionales, pero las articulan dentro de una estructura vertical que busca uniformar criterios de investigación y control interno.

Mientras las fiscalías regionales seguirán atendiendo la recepción de denuncias y la investigación local de los delitos, las vicefiscalías se encargarán de planear estrategias, coordinar operaciones y supervisar resultados a escala estatal.

La Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal concentrará la coordinación con la Guardia Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear operaciones de procedencia ilícita y delitos cibernéticos; la de Control Interno y Evaluación aplicará mecanismos de supervisión digital y auditoría de desempeño para prevenir corrupción o negligencia.

Ecosistema digital y control judicial

La ley ordena implementar un ecosistema tecnológico integral con denuncia digital, expediente electrónico y herramientas informáticas para la trazabilidad de los procesos de investigación.

Como parte de los ajustes realizados en reservas legislativas, se precisó que toda investigación que implique información fiscal, patrimonial o bancaria deberá contar con autorización judicial previa, en cumplimiento a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Rotación obligatoria de mandos

El artículo 20 de esta ley dispone la rotación obligatoria de fiscales, agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos.

Esta medida busca prevenir la corrupción, evitar redes de poder y fortalecer el desarrollo profesional mediante la movilidad del personal en distintas regiones y áreas de trabajo.

La rotación deberá realizarse con base en perfiles de puesto, evaluaciones de desempeño y las necesidades del Plan de Persecución del Delito.

También se estableció, dentro de las reservas legislativas, que los exámenes de control de confianza se aplicarán conforme a la normativa aplicable, sin intervención del titular de la Fiscalía.

Dignificación laboral y paridad de género

Por reservas aprobadas, se incorporaron los artículos noveno y décimo transitorios, que instruyen a la Fiscalía a crear a partir de 2026 un Programa Integral de Dignificación Laboral y Salarial y a rendir informes anuales al Congreso sobre sus resultados.

El programa estará dirigido al personal sustantivo, incluidos ministerios públicos, policías dw investigación, peritos y personal técnico, jurídico o administrativo, con el fin de fortalecer la profesionalización y garantizar condiciones laborales adecuadas.

También se estableció la paridad de género cono principio en los nombramientos de fiscalías especializadas y regionales, y la obligación de incorporar la perspectiva de género en todas las actuaciones ministeriales y procesos de designación.

Fiscalía al servicio de las víctimas

El nuevo marco legal coloca a las víctimas en el centro de la procuración de justicia, obliga a coordinarse con las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas, y reconoce expresamente la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Asimismo, dispone la búsqueda inmediata de personas desaparecidas y elimina la distinción entre “no localizadas” y “desaparecidas”, fortaleciendo la respuesta institucional ante estos casos.

Esta es una nueva ley, no una reforma, se trata de una reconfiguración completa de la FGE, que, en consecuencia, deberá ajustar su presupuesto para el próximo año, debido a la infraestructura, nuevas atribuciones y responsabilidades que adquirió con el aval del Poder Legislativo, otorgado este martes.