Rompe barreras lingüísticas notariado con asesorías legales en purépecha

MORELIA, Mich., 27 de mayo de 2026.- La explicación jurídica en lengua purépecha realizada por el notario José David Pedro Mateo a una persona indígena que pretendía donar un inmueble a favor de sus hijos abrió un precedente dentro del notariado michoacano sobre la necesidad de acercar los servicios legales a comunidades originarias en su idioma materno.

El fedatario, con sede en Zamora y atención en municipios de la región purépecha, explicó completamente en lengua originaria los alcances legales de una donación patrimonial, una figura utilizada para transmitir bienes en vida y evitar futuros conflictos familiares relacionados conherencias o sucesiones.

Entrevistado sobre el tema, el notario Emiliano Martínez Coronel destacó la relevancia jurídica y social de este tipo de ejercicios, al señalar que el acceso efectivo a la justicia también implica garantizar que las personas comprendan plenamente aquello que firman o autorizan.

“Es algo muy relevante porque el servicio notarial no solamente consiste en firmar documentos; implica que las personas entiendan plenamente lo que están haciendo y las consecuencias jurídicas de sus decisiones”, expresó.

Martínez Coronel explicó que en Michoacán existe una amplia población indígena cuya lengua principal continúa siendo el purépecha, particularmente en comunidades de la Meseta Purépecha y otras regiones del estado donde aún persisten barreras de acceso institucional por razones lingüísticas.

“El gran valor aquí es que la explicación se hace en la lengua materna. Eso cambia completamente la relación de confianza y comprensión que puede tener una persona respecto a un acto jurídico”, sostuvo.

Detalló que, aunque muchas personas indígenas pueden comunicarse parcialmente en español, los temas relacionados con patrimonio familiar, herencias, sucesiones o donaciones suelen requerir explicaciones más precisas, culturalmente cercanas y plenamente comprensibles para evitar decisiones tomadas bajo confusión o desconocimiento.

En el caso documentado por el notario José David Pedro Mateo, la asesoría se centró en explicar las implicaciones legales de donar un inmueble a los hijos, es decir, transmitir la propiedad en vida bajo una figura jurídica reconocida por la ley.

Martínez Coronel subrayó que este tipo de acompañamiento no sólo fortalece la certeza jurídica, sino que reiviundica el derecho de las comunidades indígenas a recibir servicios públicos y legales en su propia lengua.

“La fe pública también tiene una dimensión social. No basta con que el documento exista; el ciudadano debe entender claramente qué implica una donación, una herencia o un testamento”, afirmó.

Añadió que históricamente los procedimientos notariales han sido percibidos como complejos, distantes o inaccesibles para muchos sectores indígenas, especialmente cuando el lenguaje técnico jurídico se convierte en una barrera adicional.

“Muchas veces la barrera no es económica ni jurídica, sino de comunicación. Cuando alguien escucha la explicación en su propia lengua, entiende mejor y toma decisiones con mayor certeza”, indicó.

El notario señaló además que en México persisten tabúes alrededor de temas patrimoniales como los testamentos o las donaciones, debido a que muchas familias los relacionan directamente con la muerte o con posibles conflictos internos.

Sin embargo, explicó que estas herramientas jurídicas existen precisamente para prevenir disputas familiares y dar certeza sobre la voluntad de las personas respecto a sus bienes.

“El Estado tiene interés en que las familias no entren en conflicto por su patrimonio. Por eso existen figuras legales que permiten dejar clara la voluntad de las personas y evitar problemas posteriores”, comentó.

Martínez Coronel consideró que experiencias como la de José David Pedro Mateo podrían impulsar una mayor incorporación de atención en lenguas originarias dentro del notariado, particularmente en entidades con fuerte presencia indígena como Michoacán.

“Más allá de lo jurídico, esto también tiene un valor cultural y humano. Reconoce la dignidad lingüística de las personas y acerca el derecho a sectores que históricamente han permanecido alejados de las instituciones”, concluyó.