Riesgo de nulidad obliga al PJ a cerrar 211 juicios orales en 4 meses

MORELIA, Mich., 19 de mayo de 2025.- El Poder Judicial de Michoacán deberá concluir antes del 15 de septiembre un total de 211 juicios orales en materia penal, como parte de un programa extraordinario para garantizar el principio de inmediación y evitar que los procesos se repongan, con consecuencias graves para los derechos de las personas procesadas y víctimas.

Son 125 juicios que están en proceso, 64 por concluir y 22 a punto de iniciar”, precisó el magistrado presidente Gerardo Contreras Villalobos, al referir que este programa es impulsado por el Consejo del Poder Judicial.

En entrevista con Quadratín, explicó que esta medida responde al mandato constitucional de transición hacia el nuevo modelo judicial, cuya implementación está sujeta a los tiempos de la elección extraordinaria de jueces de primera y segunda instancia.

Si no se respeta este principio de inmediación, se corre el riesgo de que si no concluye el proceso que se encuentra en la etapa de juicio correspondiente, la consecuencia es que se reponga el procedimiento, y estaría en perjuicio de las personas procesadas”, advirtió.

El programa, que arrancó en mayo, prioriza las audiencias de juicios orales ya iniciados, especialmente los que presiden jueces en situación de candidatura, retiro o jubilación.

En la medida de lo posible, no se les generarán audiencias de etapa inicial o de etapa intermedia”, precisó.

Para garantizar el cumplimiento del plazo, se habilitarán jornadas dobles de audiencia, uso de salas de oralidad alternativas, y se fortalecerán funciones de auxiliares de sala, ingreso y atención al público.

El objetivo es claro: evitar la reposición de procesos, lo cual no sólo representaría un retroceso en el acceso a la justicia, sino que implicaría revictimización y uso adicional de recursos institucionales.

Este programa tiene como objetivo asegurar el derecho de la ciudadanía a una justicia pronta y expedita, en el marco de la reforma constitucional”, explicó Contreras.

Agregó que su éxito dependerá de la coordinación con otras instituciones como la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, y el gremio de abogados litigantes.

En paralelo, el Consejo del Poder Judicial ha aprobado acuerdos generales y específicos para crear los nuevos órganos que también iniciarán funciones el 15 de septiembre.

Entre ellos se encuentran el Tribunal de Disciplina, el nuevo órgano de administración judicial, ocho salas colegiadas civiles y ocho salas unitarias penales distribuidas por región.

Las sedes estarán ubicadas en Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro y otras regiones.

Ya se han contratado inmuebles en Zitácuaro, Zamora y Apatzingán, mientras que en Morelia se harán adecuaciones a las sedes existentes.

En el caso de la materia civil, el magistrado informó que en su momento se emitirán los acuerdos correspondientes.

Se remitirán los asuntos correspondientes a la región que les toque, ya que lo que se va a regionalizar es la segunda instancia”, puntualizó.

Sobre el presupuesto requerido para esta transición, el magistrado Contreras adelantó que ya se presentó una proyección ante el Ejecutivo estatal:

Más de 300 millones de pesos, exclusivamente para el arranque de estos nuevos órganos. “Estamos trabajando sobre ese tema con el Ejecutivo y esperemos que pronto se autorice”, dijo.

Ese monto incluye liquidaciones e indemnizaciones de las personas juzgadoras que se acogieron al programa de retiro anticipado o que declinaron participar en el nuevo modelo.

También están incluidas las sumas que corresponderán por indemnizaciones o liquidaciones de las personas juzgadoras que declinaron o bien que se acogieron a un programa de retiro anticipado”, informó.

Aunque no precisó la cifra exacta, mencionó que serían entre 157 y 197 millones de pesos.

“El fondo de ahorro existe, pero opera de diferente manera”, explicó al señalar que lo presupuestado será con base en lo establecido por la ley.

Ante la pregunta de si se solicitará una prórroga, el magistrado fue claro: “Es una reforma constitucional, nuestra obligación como juristas es cumplirla”.

Finalmente, reafirmó que el objetivo es terminar todos los juicios iniciados: “El objetivo fundamental es que concluyan a más tardar el 15 de septiembre.

"Esperemos cumplir con la meta”, afirmó, al aceptar que se trabaja “con marchas forzadas” debido al tiempo limitado.