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MORELIA, Mich., 18 de mayo de 2025.- En diversos municipios se han detectado prácticas presuntamente fraudulentas de laudos laborales, en las que, la parte jurídica del ayuntamiento no ha llevado a cabo una adecuada defensa, con la finalidad de que se pierda y llevarse un moche, en contubernio con el demandante.
En entrevista, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, advirtió sobre la situación crítica que enfrentan diversos ayuntamientos, los cuales podrían verse comprometidos financieramente por prácticas negligentes similares a las detectadas en el Poder Legislativo en materia de juicios laborales.
Magaña de la Mora reveló que representantes jurídicos de varios municipios se han acercado al Congreso para solicitar orientación sobre cómo acceder a ampliaciones presupuestales, ante la imposibilidad de cubrir laudos derivados de demandas laborales perdidas.
Me han hablado de algunos ayuntamientos, los abogados, los representantes jurídicos de los ayuntamientos, para preguntarme qué procedimiento habría para que se les haga ampliaciones de presupuesto”, declaró el diputado emanado del PVEM.
Aunque no detalló el número de municipios afectados ni los montos en riesgo, para no poner a nadie sobre aviso, la preocupación del diputado presidente del Congreso apunta a una problemática estructural.
Y es que, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso, áreas jurídicas de algunos gobiernos municipales, al igual que el Congreso, habrían omitido dar seguimiento adecuado a los procesos legales iniciados por extrabajadores, lo que ha derivado en sentencias condenatorias con altos costos para las arcas públicas.
Están en las mismas situaciones que nosotros, donde los ayuntamientos están perdiendo juicios laborales y les están condenando a pagar laudos muy, muy cuantiosos”, advirtió el legislador.
La expresión refleja un patrón repetido de omisión legal que podría derivar en una crisis de liquidez en administraciones locales, sobre todo en aquellas con presupuestos limitados.
Este señalamiento cobra relevancia luego de que Magaña de la Mora confirmara que el Congreso del Estado enfrenta al menos 120 procedimientos laborales que podrían costar hasta 19 millones de pesos, producto de una cadena de negligencias por parte de exabogados.
Si este modelo se replica en los municipios, el impacto económico podría ser devastador, tanto para las finanzas locales como para la prestación de servicios públicos.
La advertencia abre la puerta a una discusión urgente sobre la necesidad de profesionalizar las áreas jurídicas municipales, establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, y prevenir la corrupción o colusión entre abogados y extrabajadores.
Además, plantea la urgencia de que el Congreso del Estado o el Ejecutivo propongan medidas de apoyo legal o financiero a los municipiod afectados, antes de que las condenas judiciales comprometan su viabilidad operativa.




