Registran 850 feminicidios; aprueban reforma en Michoacán

MORELIA, Mich., 22 de abril de 2026.- Con el telón de fondo de cifras que evidencian la magnitud de la violencia contra las mujeres, el Congreso de Michoacán aprobó su voto a favor de la minuta de reforma constitucional que permitirá al Congreso de la Unión expedir una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

Por unanimidad, con 32 votos de legisladores presentes, se aprobó la minuta. La discusión en tribuna se centró en la urgencia de homologar criterios legales en todo el país, pero también en las limitaciones del Estado para garantizar justicia en un contexto de alta impunidad.

Desde el PAN, Teresita Herrera Maldonado, expuso que en 2023 se registraron alrededor de 850 feminicidios de manera oficial, aunque advirtió que la cifra real podría ser mayor por problemas de clasificación. “Cada día, en promedio, 10 mujeres son asesinadas en el país”, señaló.

La Legisladora subrayó que el problema no sólo es la violencia, sino la respuesta institucional. 

“Más del 90 por ciento de los delitos en México quedan impunes y el feminicidio no es la excepción”, dijo, al advertir que el mismo delito se castiga de forma distinta según la entidad federativa. “Eso es desigualdad institucional”, sostuvo.

Aunque confirmó el voto a favor de su bancada, lanzó una crítica directa a los alcances de la reforma.

 “Por supuesto que votaremos a favor porque creemos que homologar el marco legal es un paso necesario, pero también lo decimos sin rodeos, esta reforma no alcanza si las investigaciones siguen fallando, no alcanza si los casos no se sostienen en los tribunales y no alcanza si las fiscalías no tienen capacidades ni acciones reales”, afirmó.

La diputada de Fabiola Análisis destacó que la reforma responde a una demanda histórica del movimiento feminista y permitirá construir una ley general que unifique la atención del delito en todo el país.

 Definió el feminicidio como “la violencia extrema que se comete contra una mujer por el hecho de ser mujer” y subrayó que se trata de un fenómeno estructural.

“Hoy es un gran día porque finalmente vamos a lograr dar atribución al Congreso de la Unión para emitir la Ley General”, expresó, al insistir en que el objetivo es no sólo sancionar, sino prevenir. “Nos queremos libres y nos queremos vivas”, dijo.

A su vez, la diputada del PRI, Adriana Campos sostuvo un posicionamiento más crítico sobre la realidad que enfrentan las mujeres. “Nos están matando, no es una metáfora, no es un recurso retórico, es una realidad cotidiana que duele, que quema, que lacera”, afirmó.

Cuestionó la actuación de autoridades en casos de desaparición y violencia. “Es indignante que ante la desaparición existan respuestas como seguramente se fue con el novio o peor aún, que se exija dinero por hacer lo que es procurar justicia”, denunció.

También enumeró víctimas emblemáticas que han marcado la agenda pública. “Devani, Ingrid, Valeria, Abril, Lesbi, Montserrat, Kimberly, Cecilia, entre muchas más”, mencionó.

Por su parte, la diputada Belinda Hurtado, centró su intervención en la necesidad de homologar sanciones y fortalecer las capacidades institucionales.

 Señaló que actualmente “en cada estado se sanciona de forma muy distinta” el feminicidio y que muchas carpetas de investigación ni siquiera se inician bajo esa tipificación.

“La iniciativa abre el paso para que haya una sola ley y no una por cada estado como ahorita estamos”, indicó, al tiempo que planteó la necesidad de asignar mayor presupuesto y evaluar resultados en el corto plazo.

Tras las intervenciones, el dictamen fue aprobado en votación nominal, tanto en lo general como en lo particular, por la Septuagésima Sexta Legislatura.

Con ello, el Congreso de Michoacán emitió su voto a favor de la minuta que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio.

El acuerdo busca sentar las bases para una ley general que homologue criterios de investigación, sanción y atención en todo el país, en un contexto marcado por cifras alarmantes, altos niveles de impunidad y una exigencia social creciente para que los cambios legales se traduzcan en resultados concretos.