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MORELIA, Mich., 9 de diciembre de 2025.- El Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán (Cesmich), presidido por el expriísta Eduardo Orihuela Estefan, enfrentará en 2026 un recorte de 1 millón 936 mil 124 pesos, al pasar de 7 millones 100 mil pesos autorizados en 2025 a 5 millones 163 mil 876 pesos propuestos para el siguiente ejercicio fiscal.
La disminución impacta a un organismo creado como espacio de diálogo entre el gobierno estatal y sectores sociales, académicos, empresariales, productivos, ambientales, migrantes y de pueblos originarios.
Con personalidad jurídica propia y carácter consultivo, el Cesmich tiene entre sus funciones participar en la planeación democrática, emitir recomendaciones, revisar políticas públicas, promover la transparencia, y acompañar procesos de concertación social y económica.
En meses recientes, el futuro del Consejo se volvió tema legislativo. Circuló en el Congreso del Estado un dictamen que proponía extinguir por completo al Cesmich mediante la abrogación de la ley que le dio origen y la creación, en su lugar, de un órgano consultivo de integración mucho más reducida, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico.
El planteamiento eliminaba la estructura amplia de representación, más de un centenar de consejeros y consejeras de diversos sectores, para sustituirla por un cuerpo de unas diez personas designadas por el Poder Ejecutivo.
La propuesta argumentaba limitaciones operativas, falta de mecanismos de evaluación interna y duplicidad con otras instancias consultivas.
La reforma recortaría espacios de participación ciudadana, disminuiría la pluralidad y centralizaría la interlocución social en el gobierno estatal.
Aunque el dictamen fue retirado del orden del día, su sola presencia en el proceso legislativo incrementó la incertidumbre sobre el destino del organismo.
En este contexto, el recorte de casi 2 millones de pesos para 2026 se interpreta como una señal adicional de debilitamiento institucional.
El Cesmich, bajo la presidencia de Orihuela Estefan, ha impulsado convenios, informes semestrales y trabajos con sectores productivos y sociales.
No obstante, la combinación de reducción presupuestal y riesgo de reforma mantiene abierto el debate sobre su pertinencia, funcionalidad y permanencia dentro del andamiaje estatal de participación ciudadana.