Reciben diputados 30 solicitudes de gestoría al mes; niegan uso electoral

MORELIA, Mich., 31 de marzo de 2025.- Entre 20 y 30 personas acuden cada mes al Congreso de Michoacán a solicitar algún tipo de apoyo ciudadano, principalmente en temas de salud, y los representantes populares aseguran que no se da un uso político electoral del área.

En rueda de prensa,  convocada para informar los trabajos realizados y proyecciones, la diputada Brissa Ireri Arroyo Martínez, presidenta del Comité, mencionó que, si bien el Congreso no tiene por naturaleza recursos sociales, los diputados fungen como vínculo entre la ciudadanía y las instituciones del estado.

El secretario técnico del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría, Edgar Castillo, recordó que los diputados locales cuentan con 5 mil pesos mensuales para atender estas demandas.

A pregunta expresa, explicó que muchas solicitudes llegan de manera informal, por redes sociales o llamadas telefónicas, incluso en fines de semana. 

Proponen transformar el Comité y formalizar Parlamento Abierto

Ante la limitada capacidad de atención y con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana, Brissa Arroyo anunció que propondrá cambiar el nombre del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría a “Comité de Participación Ciudadana y Vinculación Social”.

Lo propuse en noviembre, diciembre. Aquí se tienen que hacer diversas modificaciones a la Ley Orgánica y al Reglamento”, explicó. 

La propuesta será impulsada junto con la diputada Belinda Hurtado, presidenta del Comité de Reglamentos y de Régimen Interno.

El cambio forma parte del modelo de Parlamento Abierto que, según adelantó la legisladora, será formalmente presentado esta misma semana. 

Estamos comenzando desde la capital michoacana, pero pronto este Parlamento Abierto será ya una realidad”, dijo.

Reformas desde el territorio: FGE, CEDH, Sipinna y UMSNH se suman

Actualmente, el Comité sostiene mesas de trabajo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado —incluidas las Fiscalías de Violencia Familiar, Feminicidios y Derechos Humanos—, el Sipinna y la Universidad Michoacana. Ahí se han identificado normas que dificultan la labor institucional.

Sin contacto con desplazados en 2025

Consultada sobre las recientes denuncias de desplazamientos forzados en la región de Apatzingán, la diputada dijo que no ha recibido solicitudes formales este año, pero manifestó disposición de atender en el ámbito de sus competencias.