El Cabildo Juvenil de Morelia 2026 avanza: Gil Morelos
MORELIA, Mich., 19 de junio de 2026.- El diputado local de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, cuestionó que la discusión pública sobre adolescentes en conflicto con la ley penal se concentre en el endurecimiento de las sanciones, al considerar que las políticas punitivas no han resuelto los problemas de violencia e inseguridad.
Durante una entrevista para Quadratín, el legislador señaló que el debate surgido tras casos recientes de alto impacto debe incorporar factores como el reclutamiento de menores por organizaciones criminales, la violencia familiar, la salud mental y las condiciones sociales en las que crecen niñas, niños y adolescentes.
"Eso no resuelve el problema. Eso llena las cárceles y el problema no se resuelve nada más llenando las cárceles", afirmó al referirse a las propuestas orientadas a incrementar castigos o reducir la edad de responsabilidad penal.
Carreño sostuvo que los adolescentes enfrentan contextos marcados por violencia, dificultades económicas y exposición a la narcocultura, elementos que, dijo, deben formar parte de la discusión pública antes de plantear reformas legales de carácter punitivo.
Desde su perspectiva, el Poder Legislativo debe impulsar iniciativas orientadas a la prevención, la salud emocional, el acceso a la educación, la cultura, el deporte y la atención de las causas asociadas a la violencia.
"La cultura punitiva no resuelve la problemática", reiteró.
En ese sentido, consideró necesario discutir medidas dirigidas a sancionar a quienes reclutan o inducen a menores de edad a participar en actividades delictivas, además de fortalecer políticas públicas enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes.
Carreño también planteó que el Congreso local mantiene pendientes diversas iniciativas relacionadas con infancia y adolescencia, entre ellas propuestas vinculadas al desplazamiento forzado y al reclutamiento de menores por grupos criminales.
Las declaraciones ocurren en medio del debate nacional sobre la posibilidad de modificar el tratamiento jurídico de adolescentes involucrados en delitos de alto impacto, discusión que en Michoacán ha cobrado relevancia tras recientes casos que involucran a menores de edad.




