GPPT del lado de las causas de la gente: Vicente Gómez
MORELIA, Mich., 2 de julio de 2026.- Ya extinguido por el Congreso del Estado, el Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán (Cesmich) dejó fijada su postura en un pronunciamiento difundido en su sitio oficial, en el que rechazó su desaparición y advirtió que el nuevo Consejo Michoacano para el Desarrollo Económico concentrará el control en el Poder Ejecutivo, reducirá la representación ciudadana y significará un retroceso para la gobernanza democrática de la entidad.
En el documento, dirigido a las y los diputados locales y a la opinión pública, la Asamblea General del Cesmich expresó su "más profunda preocupación" por la reforma a la Ley de Desarrollo Económico que finalmente fue aprobada por el Congreso con 20 votos a favor, uno en contra y una abstención, mediante la cual se abrogó la ley que daba vida al organismo y se creó un nuevo consejo presidido por el titular del Poder Ejecutivo.
El posicionamiento sostiene que Michoacán atraviesa un contexto de violencia e inseguridad que demanda fortalecer, y no debilitar, los mecanismos de participación ciudadana.
"Ahora más que nunca, es necesario construir y fortalecer puentes de gobernanza con la sociedad civil, no derrumbarlos", señala el documento.
El organismo sostuvo que su desaparición representa "un grave retroceso en la gobernanza democrática", al eliminar, afirma, el único órgano ciudadano con carácter legal e institucional dedicado al diálogo social, la deliberación pública y la construcción participativa de políticas para el desarrollo de Michoacán.
Asimismo, defendió que durante su funcionamiento reunió a alrededor de 100 consejeras y consejeros provenientes de sectores empresariales, agroalimentarios, logísticos, académicos, educativos, científicos, culturales, de salud, migrantes, religiosos, ambientales y de comunidades originarias.
Como parte de su balance, aseguró haber impulsado la Agenda de Políticas Públicas por Michoacán, la Agenda de Políticas Migratorias, 14 iniciativas ciudadanas de ley y proyectos como "Autopista Siglo 21 Segura" y "Desarrollo de Habilidades Humanas" en la Fiscalía General del Estado.
El Cesmich también cuestionó el diseño del nuevo Consejo Michoacano para el Desarrollo Económico al sostener que no constituye un mecanismo equivalente de participación ciudadana.
Entre sus principales objeciones, afirmó que el nuevo esquema rompe la autonomía del organismo al depender de una secretaría del Gobierno del Estado; excluye a la ciudadanía al reducir la representación social a únicamente tres integrantes, frente a los cerca de 100 consejeros que integraban el Cesmich, y concentra la conducción en el titular del Poder Ejecutivo y funcionarios de su administración.
"Es cupular. Estaría dirigido por el propio Ejecutivo del Estado y sus titulares, convirtiéndose en una decisión cupular y de Estado, mas no de la sociedad", señala el posicionamiento.
El organismo añadió que extinguir el Consejo significa desarticular redes de colaboración construidas entre sociedad y gobierno, además de dejar sin un espacio institucional a la sociedad civil para participar en la planeación democrática y en la construcción de políticas públicas.
La postura contrasta con los argumentos expuestos durante la discusión legislativa por la mayoría de Morena, que defendió la desaparición del Cesmich al calificarlo como una estructura burocrática costosa, con limitaciones operativas y de transparencia, cuyas recomendaciones no eran vinculantes y no se traducían en resultados tangibles para la población.
Durante el debate, el diputado de Morena Juan Pablo Celis Silva sostuvo que el organismo representaba una carga para el erario y que el nuevo consejo permitirá concentrar en una sola instancia la participación del gobierno, la academia, el sector empresarial y la sociedad organizada.
En contraste, el coordinador parlamentario del PRI, Guillermo Valencia Reyes, votó en contra al advertir que la reforma obedece a un sesgo político y concentra el control del nuevo órgano en el Poder Ejecutivo.
Con la reforma ya aprobada, el Ejecutivo estatal tendrá hasta 90 días hábiles para instalar el Consejo Michoacano para el Desarrollo Económico, expedir su reglamento interno y concluir el proceso de extinción del Cesmich, cuyos bienes, recursos y patrimonio serán transferidos a la Secretaría de Desarrollo Económico, dependencia que fungirá como órgano liquidador.




