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MORELIA, Mich., 1 de septiembre de 2025.- El magistrado federal Froylán Muñoz, quien participó en la elección judicial de 2025 con el número 27 como aspirante a magistrado federal en materia penal, advirtió que a partir de este lunes, el Poder Judicial Federal en Michoacán quedará pulverizado.
En entrevista con Quadratín, recordó que desde 1994, con la creación del Consejo de la Judicatura, se construyó un sistema de carrera judicial que exigía experiencia en tribunales y concursos de oposición para acceder a cargos de mayor jerarquía. Ese modelo, sostuvo, quedó destruido con la elección por voto ciudadano y la asignación mediante acordeones.
Apuntó que en Michoacán, de los 18 jueces y magistrados federales que salieron a elección, sólo dos lograron conservar sus cargos: Javier Pérez Santamaría, en un juzgado laboral, y un juez de distrito. Los otros 16 concluyeron funciones este 1 de septiembre y fueron sustituidos por perfiles incluidos en las listas de acordeón, muchos sin carrera judicial.
Muñoz lamentó no sólo la afectación institucional, sino también el impacto personal y profesional: “El panorama es crítico. A nivel nacional fueron cesados casi 800 titulares; en Michoacán, hablamos de más de una decena de jueces y magistrados que quedaron fuera de la judicatura federal”.
Explicó que los recursos jurídicos internos están agotados: amparos sobreseídos, suspensiones incumplidas y la Sala Superior desechando impugnaciones incluso contra los acordeones.
Por ello, los cesados preparan la ruta internacional: “Nos queda acudir a instancias convencionales. Varios grupos de titulares estamos preparando litigios ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El magistrado citó el caso de Honduras como antecedente, donde cuatro jueces destituidos lograron que la Corte Interamericana les reconociera la razón y ordenara indemnizaciones de 400 mil dólares para cada uno. Multiplicado en México por cientos de jueces cesados, ese escenario implicaría condenas millonarias para el Estado mexicano.
En el circuito de Michoacán, advirtió, laboran alrededor de 800 trabajadores del Poder Judicial, y a nivel nacional suman 53 mil. Aunque la mayoría tiene base sindical, persiste la incertidumbre sobre su futuro: “Si no se respetaron amparos y suspensiones, menos se garantiza que se respete a los trabajadores”, señaló.
“Estamos frente a un precedente internacional sin paralelo: nunca se había destituido de golpe a 800 jueces y magistrados federales. Cuando la Corte Interamericana dicte sentencia, será un parteaguas para la independencia judicial y para el costo político y económico que deberá asumir el Estado mexicano”, subrayó Muñoz.