Protestan morenistas en Congreso contra desincorporación de bienes

MORELIA, Mich., 11 de marzo de 2026.- Entre pancartas, consignas de “traidores” y llamados a la congruencia con los principios de la 4T, un grupo de militantes de Morena se manifestó la mañana de este miércoles en el acceso principal del Congreso de Michoacán, en rechazo a la desincorporación de bienes del patrimonio estatal aprobada por la 76 Legislatura.

La protesta fue encabezada por simpatizantes del movimiento, entre ellos Francisco Zamudio, quien dirigió las consignas contra los diputados que votaron a favor del decreto que autoriza al Ejecutivo estatal disponer de cerca de 40 inmuebles del patrimonio público.

“Traidores”, “les dimos nuestro voto de confianza”, “están vendiendo a Michoacán”, “incongruentes, esos no son los principios de la Cuarta Transformación”, fueron algunas de las expresiones que los manifestantes corearon frente al recinto legislativo.

El grupo se concentró desde temprana hora en la sede del Poder Legislativo y en algún momento se colocó en el acceso principal del Congreso, lo que limitó momentáneamente la entrada al edificio. Sin embargo, la manifestación transcurrió de manera pacífica.

Alrededor de las 9:16 horas los manifestantes comenzaron a retirarse del lugar sin que se registraran incidentes.

La protesta ocurre a una semana de otra manifestación realizada también por militantes de Morena al interior del Pleno del Congreso, el pasado 4 de marzo, cuando se discutía y aprobaba el dictamen de desincorporación.

En aquella ocasión participaron, entre otros, la exdiputada federal Ana Lilia Guillén y la consejera estatal Guadalupe Pichardo, quienes mostraron cartulinas con consignas como “No mentir, no robar, no traicionar”, lema central de la Cuarta Transformación, a manera de recordatorio para el bloque mayoritario de Morena y sus aliados que votaban a favor del decreto.

El dictamen aprobado por el Congreso autorizó la desincorporación de cerca de 40 bienes del patrimonio estatal, con un valor catastral aproximado de 600 millones de pesos, para distintos fines que incluyen donaciones a instituciones públicas, transferencias a ayuntamientos y la eventual incorporación de algunos inmuebles a un fideicomiso estatal.

La decisión generó una fuerte discusión política dentro y fuera del Congreso, no solo entre bancada sino también al interior del propio movimiento que llevó al poder al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Apenas este martes, las dirigencias del PRI y del PAN advirtieron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intentar revertir el decreto aprobado por la mayoría legislativa.

Aunque durante la discusión del dictamen se agregó un artículo transitorio para establecer que cualquier eventual venta de inmuebles deberá realizarse a valor comercial.

Sin embargo , la medida no logró disipar las críticas de sectores políticos y sociales que consideran incongruente la decisión, al recordar que varios de los legisladores que hoy aprobaron la desincorporación rechazaron medidas similares durante el gobierno del exmandatario Silvano Aureoles.