Proponen sancionar a patrones que obliguen a la renuncia anticipada

MORELIA, Mich., 7 de diciembre de 2020.- Al patrón que obligue a los trabajadores a firmar documentos en blanco que impliquen renuncia de los derechos del trabajador o le imponga obligaciones a éste, con el fin menoscabarlos o anularlos, se le impondrían de uno a tres años de prisión, y seis cuando la patronal sea una institución pública, así como de 100 a 300 días de multa.

Se trata de una propuesta de reforma al Código Penal para adicionar un artículo 271 bis y frenar ese abuso patronal que es tan común, que cuando un trabajador es contratado lo ve como un simple trámite y como ya se hizo en Coahuila, proteger a los trabajadores sancionando la renuncia anticipada.

Su proponente, el diputado Ernesto Núñez, señala en la iniciativa de ley que se presentará al pleno de la 74 Legislatura en la sesión del 8 de diciembre, que se trata de una silenciosa, pero grave y extendida forma de corrupción del sector patronal pedir a los empleados, en el mismo momento de su contratación, firmar su renuncia anticipada para evitar posibles laudos condenatorios por despidos injustificados.

Esta práctica resulta ser cada vez más común hoy en día, aprovechando que muchos trabajadores no están muy bien informados sobre sus derechos laborales y muchos presionan a sus empleados a firmar su renuncia. Incluso hay casos en los que hacen firmar a los trabajadores hojas en blanco que después son utilizadas para simular su renuncia.

Firmar una hoja en blanco es como firmar una renuncia, ya que la utilizan para luego imprimir la misma y despedir a los trabajadores sin la liquidación respectiva. Es decir, esto lo hacen para evitar pagar las indemnizaciones que corresponden por una liquidación; también, sirve como herramienta de chantaje para que los empleados trabajen bien o despedirlos fácilmente.

En ocasiones, la justificación de los empleadores es proteger la organización. Por ejemplo, en las grandes empresas de supermercado (donde la rotación es constante), solo basta una falta no notificada del empleado para hacer efectiva la firma en blanco. Por ende, el patrón podría ahorrarse el pago de derechos al trabajador, señala el legislador verde ecologista.