Propone Verde en Michoacán Ley Cazzu, contra veto de padres ausentes

MORELIA, Mich., 11 de marzo de 2026.- El Congreso de Michoacán plantea impulsar ante el Congreso de la Unión una reforma constitucional para garantizar la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando exista abandono parental, una iniciativa que en su exposición de motivos retoma el fenómeno social conocido como Ley Cazzu, término que alude a la cantante argentina de música urbana Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu.

La propuesta fue presentada por la diputada Sandra María Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México, mediante un acuerdo para que el Poder Legislativo estatal promueva una iniciativa de decreto que adicione disposiciones al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El planteamiento busca que el Estado garantice que en procedimientos jurisdiccionales y administrativos relacionados con la salida del país o la movilidad de menores se privilegie el interés superior de la niñez, así como su derecho a la vida familiar, la identidad y la libertad de tránsito.

De acuerdo con el documento, uno de los problemas que se pretende corregir es que progenitores que han abandonado sus responsabilidades económicas o de crianza conservan la facultad legal de bloquear trámites como viajes, mudanzas o la obtención de pasaportes, al requerirse su autorización formal.

La iniciativa plantea que la ley establezca mecanismos ágiles y con perspectiva de género para que la persona que ejerza de manera principal la guarda y custodia pueda obtener autorizaciones de movilidad nacional e internacional cuando el otro progenitor incurra en abandono o incumpla de manera reiterada sus obligaciones de crianza, alimentos o convivencia.

En la exposición de motivos se menciona el debate público que en América Latina se ha identificado como Ley Cazzu, surgido a partir de denuncias sobre cómo la exigencia de una firma para trámites migratorios permite que padres ausentes mantengan un poder de veto sobre decisiones que afectan directamente a sus hijos.

El documento también señala que en México más de once millones de madres solteras asumen la totalidad de las responsabilidades de cuidado y que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, lo que coloca a muchas familias en una situación de dependencia legal respecto de progenitores que no cumplen con sus obligaciones.

Entre los cambios propuestos se contempla que el Congreso de la Unión establezca procedimientos especiales y de baja carga probatoria para expedir autorizaciones de movilidad en casos de abandono parental, así como criterios para acreditar ese abandono, incluyendo registros de personas deudoras alimentarias morosas.

La iniciativa también prevé que la negativa injustificada o el silencio del progenitor incumplido no impidan la expedición de autorizaciones cuando ello contravenga el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

De aprobarse, las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones y legislaciones civiles y familiares, mientras que los poderes judiciales deberán incorporar criterios con perspectiva de infancia y de género en los casos relacionados con movilidad de menores y abandono parental.