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MORELIA, Mich., 20 de agosto de 2026.- El Congreso del Estado recibió una petición de juicio político en contra de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, promovida por Sergio Carmelo Domínguez Mota, director de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios.
La presentación se dio de una manera que no se había observado con otras solicitudes durante la actual Legislatura, pues el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, organizó una rueda de prensa para anunciar el hecho, exponer presuntas irregularidades y permitir la colocación de mantas, así como el acceso de manifestantes que se pronunciaron en contra de la rectora, situación que no ha ocurrido con otros grupos inconformes que han acudido al Congreso.

Durante su intervención, Gaona García afirmó que dentro de la UMSNH existe una licuadora de recursos, luego de mostrar mediante diapositivas que existen 295 millones de pesos correspondientes al presupuesto de 2024 que cuentan con observaciones por parte de la Auditoría Superior de Michoacán.
En este sentido, el presidente de la Mesa Directiva sostuvo que las observaciones detectadas son un elemento que debe ser revisado por el Poder Legislativo.
“En la Universidad Michoacana hay una licuadora con los recursos, de esto nos dimos cuenta gracias a las observaciones de la Auditoría Superior de Michoacán”, señaló Baltazar Gaona.
Por su parte, al tomar el micrófono, el director de la Facultad de Derecho, Sergio Carmelo Domínguez Mota, inició su intervención aclarando que la solicitud de juicio político no representa un asunto personal contra la rectora Yarabí Ávila González.
“Quiero comenzar dejando algo muy claro, no es un conflicto personal contra la rectora, por el contrario, acudimos a este Congreso para dar legalidad”, señaló Carmelo Domínguez
La solicitud plantea que el Congreso del Estado revise los señalamientos presentados y determine, conforme al procedimiento establecido, si existen elementos suficientes para iniciar una investigación y, posteriormente, valorar la procedencia de un juicio político.
Domínguez Mota insistió en que la presentación de la denuncia no pretende adelantar una responsabilidad, sino que sea el propio Poder Legislativo el que determine si existen elementos para continuar con el procedimiento.

“Nosotros no estamos declarando culpable a nadie, eso será competencia de este Congreso, pedimos por ello que la denuncia sea recibida, que se investigue conforme a la ley y que formalmente se abra la opción a un juicio político”, concluyó.
La petición deberá seguir ahora el procedimiento correspondiente dentro del Congreso del Estado, donde las instancias competentes tendrán que determinar si existen elementos para iniciar una investigación y, en su caso, continuar con el proceso previsto en la legislación para un juicio político.




