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MORELIA, Mich., 11 de diciembre de 2018.- Michoacán es uno de los 13 estados del país que aún no prohíben el maltrato de los niños en su legislación por lo que el diputado Adrian López Solís propone reformas y adiciones a los códigos Familiar y Penal, así como a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes, para definir el maltrato e incrementar las penas.
Considera necesario fortalecer la prohibición del castigo corporal, como una obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática señala que Comité de Derechos del Niño ha recomendado a México desde 1999 que prohíba explícitamente en su legislación los castigos corporales en el hogar, en las escuelas y en otras instituciones, a nivel federal y estatal, derogando el derecho a corregir de los códigos civiles federal y estatales, así como dar a conocer formas positivas, no violentas y participativas de criar a hijas e hijos.
En la exposición de motivos de la iniciativa de ley para esas reformas y adiciones cita a la organización Save the Children que considera el castigo corporal obstaculiza la comunicación entre padres e hijos y se deterioran los vínculos emocionales y afectivos creados entre ambos, generando modelos familiares disfuncionales.
En la sociedad, el castigo corporal legitima el uso de la violencia en los grupos sociales y dificulta los procesos de integración social al no enseñar a cooperar con las figuras de autoridad, sino que condiciona a las personas menores de edad en el sometimiento a las normas o a su transgresión.
También genera una doble moral, en donde existen dos categorías de ciudadanos: los niños y niñas y los adultos ya que a los adultos no se les puede agredir, pero a los niños y niñas sí, además de que el castigo corporal limita las posibilidades de que los individuos se integren a la sociedad y dificulta la protección de las personas menores de edad.
El castigo corporal contra los niños, niñas y adolescentes también afecta a las personas que lo aplican, principalmente a los padres y madres, produciendo ansiedad y sentimientos de culpa, aunque consideren correcta la aplicación del castigo corporal.
Adicionalmente, los círculos de violencia se expanden, ya que el empleo del castigo corporal aumenta la probabilidad de que los padres y madres muestren comportamientos violentos en otros contextos.
Igualmente, obstaculiza la comunicación con los hijos e hijas, deteriorando las relaciones intrafamiliares; además, cuando las personas adultas utilizan el castigo corporal, por no contar con recursos alternativos, aparece una necesidad de justificación ante sí mismos y ante la sociedad.




