Procede juicio político contra edil de Maravatío

MORELIA, Mich., 20 de septiembre de 2017.- Por violentar diversas disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios, el Pleno del Congreso del Estado declaró procedente la denuncia de Juicio Político en contra de José Luis Abad Bautista, Presidente Municipal de Maravatío, presentada por diversos Regidores de ese Ayuntamiento.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el dictamen elaborado por las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales señala que derivado del estudio y análisis de las pruebas ofrecidas por los denunciantes, se determinó la existencia de responsabilidad administrativa del servidor público, ya que violentó de manera sistemática el manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); la ejecución del presupuesto de la Feria Maravatío 2016 al rentar equipos de audio e iluminación, lonas, y otros sin autorización del Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles del municipio; la contratación del artista conocido como Marco Antonio Solís “El Buki” sin la autorización del presupuesto para la Feria; la compra de diversos materiales a su cuñada, Laura Lugo Arriaga para direcciones de la administración municipal; el convenio de coordinación estado-municipio de programas regionales, aprobado del presupuesto de la federación 2016; la ejecución de las obras del Programa de Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016,  y la entrega de la obra no terminada del centro histórico de Maravatío.

Los diputados integrantes de las Comisiones Unidas, integradas por Mario Armando Mendoza, Andrea Villanueva, Pascual Sigala, Ángel Cedillo, y Ernesto Núñez; Presidente e integrantes de la Comisión de Gobernación, así como Rosa María de la Torre, Miguel Ángel Villegas,  Manuel López y Mary Carmen Bernal; Presidente e integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, con el aval del Congreso, ordenaron turnar el expediente a la Comisión Jurisdiccional para desahogar el procedimiento del caso.