Prevé Gaona despidos y huelga si se adelanta recorte al gasto legislativo

MORELIA, Mich., 29 de julio de 2026.- El presidente del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, planteó que la reducción al presupuesto del Poder Legislativo prevista en el denominado Plan B se aplique hasta 2028 y no en 2027, al considerar que implementarla de manera inmediata pondría en riesgo la operación del Congreso y podría generar conflictos laborales.

En entrevista, luego de que el Ejecutivo estatal solicitó al Congreso contemplar el nuevo tope presupuestal en el proyecto de presupuesto 2027, el legislador recordó que la reforma constitucional fue aprobada para entrar en vigor con la siguiente Legislatura, por lo que consideró que el oficio abrió un debate entre las fuerzas políticas sobre el momento de su aplicación.

Gaona señaló que, de aplicarse el nuevo límite con base en los ingresos estatales de 2026, el Congreso perdería alrededor de 450 millones de pesos, una reducción que, dijo, no podría absorberse únicamente con ajustes a las percepciones de las y los diputados.

Explicó que también sería necesario revisar la nómina, eliminar plazas que no desempeñen funciones sustantivas, evaluar incluso personal de base y sindicalizado, reducir convenios con medios de comunicación, disminuir gastos con proveedores, cancelar eventos institucionales, condecoraciones y festejos para trabajadores, además de suspender prácticamente todo el mantenimiento a los edificios del Poder Legislativo.

Añadió que el Congreso enfrenta alrededor de un centenar de demandas laborales que eventualmente deberán pagarse, además del reciente incremento salarial pactado con el sindicato, compromisos que complicarían un ajuste de esa magnitud.

Por ello, propuso que 2027 sea un año de transición para negociar con el sindicato, atender laudos, revisar la plantilla laboral, dialogar con proveedores y planear una reducción gradual del gasto que permita aplicar plenamente la reforma en el presupuesto de 2028.

Advirtió que una implementación precipitada podría incluso derivar en una huelga del sindicato y afectar la operación del Congreso.

El Diputado aclaró que comparte los principios de austeridad del Plan B, pero sostuvo que la reforma también debe traducirse en un Congreso con mayores capacidades de fiscalización sobre el Gobierno del Estado y los municipios, mediante una supervisión más estricta del ejercicio de los recursos públicos, el combate al nepotismo y la comparecencia de secretarios estatales ante el Poder Legislativo.