Presuntos aviadores en Defensoría Pública de Michoacán: daño por 4.3 mdp

MORELIA, Mich., 22 de diciembre de 2025.- Documentación administrativa, nóminas oficiales, contratos laborales, oficios internos, actas de órganos colegiados, respuestas a solicitudes de transparencia y denuncias ante la Secretaría de Contraloría de Michoacán exhiben la existencia de presuntos aviadores en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado, dirigido por Felipe Morales Correa, con un posible daño al erario por al menos 4.3 millones de pesos, derivado de pagos realizados entre 2022 y 2024.

Los documentos revisados muestran la contratación y pago de personas adscritas principalmente a las categorías de apoyo legal y defensor público, que aparecen como personal activo en distintos periodos, pese a que en los expedientes no se localizan firmas de asistencia, informes de actividades, cargas de trabajo, constancias de desempeño institucional ni, en algunos casos, el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ocupar dichos cargos.

En nóminas, contratos y oficios internos figuran, entre otros nombres, María Isabel H., Norma Guadalupe O., José Jesús G., Francisco Javier I., Juan Antonio B. y Javier Reyes A., cuyos registros aparecen de manera reiterada en la documentación administrativa, aunque con inconsistencias entre los distintos sistemas oficiales de control de personal, los registros de pago y la información reportada vía transparencia.

La revisión de respuestas de transparencia entregadas por el propio Instituto permitió identificar un patrón de omisión deliberada de nombres en listados oficiales de defensores públicos. 

En al menos un oficio, la relación numérica de personal presenta saltos evidentes, pasando de un número a otro sin continuidad, pese a que los registros de la Secretaría de Finanzas del estado sí incluyen a esas personas dentro de la nómina pagada en el mismo periodo. Esta discrepancia quedó asentada como uno de los elementos centrales de la denuncia administrativa presentada.

Un caso documentado es el de José Jesús G., quien solicitó por escrito al Instituto aclarar por qué aparecía dado de alta en nómina, al manifestar que desconocía haber sido contratado o haber desempeñado funciones como apoyo legal. El oficio fue recibido formalmente por la institución y se incorporó como anexo probatorio dentro de la denuncia presentada ante la Secretaría de Contraloría.

También se documentan contrataciones como defensores públicos de personas que no contaban con cédula profesional de abogado ni con la antigüedad mínima exigida por la Ley de la Defensoría Pública del Estado, que establece al menos tres años de ejercicio profesional como litigante. 

En los expedientes revisados figuran Juan Antonio B. y Javier Reyes A., cuyos currículos públicos, obtenidos vía transparencia, indican estudios distintos al Derecho o formación académica aún en curso al momento de su alta, situación expresamente señalada en la denuncia administrativa.

En el caso de Javier Reyes A., la documentación incluye respuestas oficiales de otra entidad pública que confirman que, durante el mismo periodo en que aparecía como defensor público en Michoacán, mantenía una relación laboral activa en la Ciudad de México. Este elemento también fue incorporado como indicio de posible simulación de funciones en la denuncia presentada ante la Contraloría estatal.

La cifra de 4.3 millones de pesos corresponde a la sumatoria de pagos de nómina identificados en expedientes administrativos, listados internos y contratos laborales, misma que fue cuantificada y detallada en la denuncia formal presentada ante la Secretaría de Contraloría, con una relación nominal de personas, periodos de pago y montos individualizados. 

El cálculo considera exclusivamente sueldos y percepciones ordinarias efectivamente pagadas durante los meses en que dichas personas permanecieron registradas en nómina, sin incluir aguinaldos, prestaciones extraordinarias, viáticos ni pagos a proveedores, y tiene un corte al 1 de diciembre de 2024.

De acuerdo con los acuses de recepción revisados por Quadratín Michoacán, la denuncia administrativa fue presentada desde 2022 y ampliada posteriormente con nuevos documentos, sin que hasta la fecha exista una resolución definitiva ni número de expediente notificado a los promoventes, situación que también fue asentada por escrito ante la propia Secretaría de Contraloría.

Adicionalmente, actas de sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto de la Defensoría Pública dan cuenta de la presencia y participación de la diputada local Eréndira Isauro en reuniones del órgano colegiado, pese a no formar parte de su integración formal conforme a la normativa interna, hecho que fue señalado en la denuncia administrativa como un elemento atípico en la toma de decisiones administrativas y presupuestales del Instituto.

A la par de estas observaciones, la documentación revisada también expone la presunta inelegibilidad del propio director del Instituto, Felipe Morales Correa, para ocupar el cargo. 

De acuerdo con la Ley de la Defensoría Pública del Estado, la persona titular debe acreditar, entre otros requisitos, una experiencia mínima de tres años como abogado litigante. 

Sin embargo, el currículum vitae público del actual director, obtenido vía transparencia, no acredita experiencia previa en litigio, situación que fue incluida como hecho denunciado ante la Secretaría de Contraloría y atribuida tanto al funcionario como a la autoridad que emitió la designación, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Asimismo, la revisión de actas y estados financieros permitió identificar discrepancias entre recursos aprobados y ejercidos, así como intentos de reorientar partidas presupuestales una vez que los recursos ya habían sido utilizados, lo que fue objetado en su momento por el órgano interno de control del propio Instituto y documentado como parte del expediente presentado ante la Contraloría.

Todos los documentos referidos forman parte de expedientes administrativos y solicitudes de transparencia oficiales, por lo que su contenido constituye información pública verificable. 

Quadratín Michoacán solicitó a Felipe Morales Correa una entrevista sobre las presuntas irregularidades en el Instituto de la Defensoría Pública, pero al cierre de edición de esta nota informativa no se obtuvo respuesta.

A la fecha no existe resolución administrativa o judicial firme que determine responsabilidades, por lo que los hechos aquí descritos se presentan como presuntas irregularidades sustentadas en documentación oficial.