Presunto cochupo: interventor de IEM perdonó miles a PES y TXM en ISR
MORELIA, Mich., 25 de abril de 2025.- El proceso de liquidación de los extintos partidos locales Encuentro Solidario Michoacán, Más Michoacán, Michoacán Primero y Tiempo por México exhibió deficiencias graves en el cumplimiento de obligaciones fiscales, atribuibles a la gestión del entonces interventor, José Uriel Ramírez Pineda, de acuerdo con los resultados de la revisión al primer informe bimestral presentados ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
En sesión pública, la Comisión de Fiscalización, presidida por la consejera Selene González, se dio cuenta de que en el caso de Encuentro Solidario Michoacán, los pagos derivados de convenios laborales celebrados ante el Centro de Conciliación Laboral se realizaron sin la retención de impuestos, incumpliendo las disposiciones previstas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación.
Aunque el entonces interventor sostuvo que los pagos se hicieron conforme a los convenios ratificados, las autoridades electorales señalaron que ello no lo exime de respetar las obligaciones tributarias aplicables.
Asimismo, se documentó que Tiempo por México mantiene un adeudo de 40 mil 538 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta correspondiente a los meses de enero y febrero de 2025.
A pesar de que se pagó un millón 946 mil 742.89 de liquidación a trabajadores del Partido Encuentro Solidario Michoacán, y de que se reporta un saldo bancario disponible de cuatro millones 253 mil 310 pesos, el interventor no realizó la retención de IRS correspondiente, en términos de ley.
La revisión al informe reveló además omisiones en el cumplimiento de otras obligaciones legales previstas en el Reglamento de Liquidación del propio IEM, como la falta de integración completa de información fiscal y laboral de los extrabajadores, entre ellos datos como registros de RFC, CURP, sueldos y jefes inmediatos, tal como lo mandata el artículo 50 del reglamento.
El representante de Movimiento Ciudadano, Óscar Rubio, planteó serios cuestionamientos sobre la falta de retención y entero de impuestos, así como sobre el posible deslinde de responsabilidades, recordando que el Reglamento establece claramente que el interventor debe responder por cualquier daño o menoscabo causado al patrimonio del partido político en liquidación, salvo prueba en contrario. También advirtió que las omisiones fiscales detectadas deben ser comunicadas a la autoridad competente.
A pesar de que el Instituto Electoral de Michoacán reconoció públicamente estas deficiencias y se comprometió a realizar las gestiones necesarias para corregirlas y deslindar responsabilidades, hasta la fecha no existe noticia de que se haya iniciado algún procedimiento administrativo, sancionador o penal contra el entonces interventor, José Uriel Ramírez Pineda, ni contra quienes hayan podido incurrir en irregularidades.
Durante la sesión, la consejera Claudia Carreño Mendoza expresó que, si bien se recibió el informe de resultados de la coordinación de fiscalización, no podía considerarse aprobada la parte relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La consejera advirtió que la falta de retención y entero del ISR, así como otras inconsistencias, ameritan votos particulares y el señalamiento expreso de las fallas detectadas.
En el mismo sentido, las consejeras Claudia Carreño Mendoza y Marlene Mendoza manifestaron su reserva respecto del punto 10 del informe, relacionado específicamente con los adeudos fiscales pendientes.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Selene González, anticipó que se elaborará un acuerdo para dejar constancia formal de los votos particulares y las deficiencias advertidas en el procedimiento de liquidación.
La coordinación de fiscalización del IEM anunció que dará seguimiento a las obligaciones pendientes, particularmente en lo relacionado con los pagos de impuestos y la responsabilidad del entonces interventor.
No obstante, persiste la incertidumbre sobre las acciones concretas que tomará el Instituto para garantizar la reparación de los daños y el cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas durante el proceso de liquidación.
El caso de los partidos políticos liquidados vuelve a poner en evidencia las debilidades institucionales en los procesos de fiscalización de recursos públicos en Michoacán, al exhibir la falta de mecanismos de control oportuno y de sanción efectiva ante las omisiones de los responsables designados.
