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MORELIA, Mich., 4 de noviembre de 2026.- La responsabilidad del Estado frente a las desapariciones, las dificultades institucionales para localizar personas y las formas de organización de los pueblos indígenas fueron algunos de los temas abordados este miércoles durante la presentación del libro Resquebrajamiento social. La desaparición forzada, reflexiones actuales y su impacto en la interculturalidad indígena, en la Casa de los Saberes Jurídicos de Morelia.
La publicación, coordinada por José Alfredo Tapia Navarrete, Humberto Urquiza Martínez y Mónica Criseida Rangel Oropeza, reúne 12 capítulos que examinan las desapariciones desde perspectivas jrurídicas, políticas, sociales y comunitarias. Fue editada por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y Tirant Humanidades.
Durante el encuentro, el comisionado estatal de Búsqueda de Personas, José Alfredo Tapia Navarrete, dimensionó la problemática al señalar que en México existen alrededor de 134 mil personas desaparecidas, mientras que Michoacán ha acumulado un registro histórico de entre 13 mil y 14 mil casos, cifras que expuso de manera aproximada.
El funcionario reconoció que persiste un subregistro de desapariciones y que, aunque existen avances en la localización de personas, los resultados todavía son insuficientes. También identificó entre los factores asociados al fenómeno el reclutamiento forzado, las adicciones, los problemas de salud mental, el uso de redes sociales y la actuación del crimen organizado.
Por su parte, América Zamora Torres, investigadora, académica y economista mexicana, destacó que la desaparición de una persona no solamente afecta a quien es privado de su libertad, sino que altera la vida familiar, comunitaria y social. Cuestionó adwmás la distancia entre el reconocimiento jurídico de los derechos y la capacidad institucional para hacerlos efectivos.
Por su parte, el investigador Humberto Urquiza Martínez expuso que las comunidades indígenas han desarrollado formas colectivas de respuesta frente a las desapariciones, en las que la búsqueda deja de ser una responsabilidad exclusiva de la familia y se convierte en un asunto comunitario.
El académico sostuvo que estas experiencias obligan a replantear la comprensión de las víctimas indirectas, pues la desaparición también afecta a la comunidad, sus relaciones sociales y sus formasd de organización. En ese contexto, destacó la importancia de los autogobiernos indígenas y de sus autoridades en las tareas de búsqueda.
La periodista Estrellita Fuentes Nava centró parte de su intervención en las contradicciones entre la existencia de leyes, instituciones y protocolos y la persistencia de una crisis de desapariciones.

También abordó la violencia burocrática que enfrentan las familias cuando las autoridades omiten información o incumplen sus responsabilidades.
Asimismo, planteó una reflexión sobre el ejercicio periodístico y la necesidad de evitar que la cobertura informativa convierta la violencia en espectáculo o reduzca a las víctimas a cifras que terminan por normalizar el fenómeno.
Entre los asuntos abordados durante la presentación también figuraron la vulnerabilidad de las policías municipales frente al crimen organizado, las limitaciones presupuestales para prevenir desapariciones y la importancia de reconocer los conocimientos acumulados por los colectivos de búsqueda.

La obra incorpora, además, reflexiones sobre la desaparición de mujeres, la infancia afectada por la ausencia de familiares, la violencia institucional y la experiencia de organizaciones de búsqueda en Michoacán.
Los participantes coincidieron en la necesidad de que la investigación académica trascienda los espacios universitarios y contribuya a la construcción de políticas públicas, al fortalecimiento de las instituciones y al reconocimiento del derecho de toda persona a ser buscada y encontrada.




