Pone PT bajo sospecha encuestas electorales; propone fiscalizarlas

MORELIA, Mich., 17 de junio de 2026.- El diputado petista Hugo Ernesto Rangel Vargas puso bajo sospecha buena parte de las encuestas que circulan en los procesos electorales al advertir que frecuentemente son utilizadas como propaganda disfrazada de ejercicios demoscópicos, por lo que propuso una regulación específica para transparentar su financiamiento y verificar su rigor metodológico.

La iniciativa, presentada ante el Congreso de Michoacán y que ya está en la mesa de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, plantea incorporar al Código Electoral del Estado un capítulo específico para regular las encuestas y sondeos de opinión aplicables a las elecciones de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos.

Al defender la propuesta en tribuna, el legislador del Partido del Trabajo advirtió que rumbo al proceso electoral de 2027 las encuestas dominarán buena parte del debate político y cuestionó la proliferación de estudios que se presentan como ejercicios científicos, pero que en realidad buscan influir en la percepción ciudadana.

“Vamos a estar inundados en las redes sociales, en los noticieros y en los periódicos de propaganda que se presenta como estudios demoscópicos serios y que lo único que hacen es difundir información falsa o al menos no construida con el suficiente rigor metodológico”, afirmó.

Rangel sostuvo que uno de los principales problemas es que muchas encuestas omiten información fundamental para evaluar su confiabilidad, como la tasa de rechazo de los entrevistados, el porcentaje de personas que no respondieron, los criterios de selección de las muestras o incluso el origen de los recursos con los que fueron financiadas.

También cuestionó aquellos ejercicios que presentan a determinados aspirantes como amplios punteros cuando la diferencia respecto a sus competidores se encuentra dentro del propio margen de error estadístico.

“Cuando yo veo una encuesta en la que se dice que tal o cual candidato arrasa o aventaja y resulta que el margen de error no supera la diferencia entre el primero y el segundo lugar, me doy cuenta de que se trata de propaganda”, señaló.

La propuesta obliga a que toda encuesta electoral sea registrada previamente ante el Instituto Electoral de Michoacán y acompañada de una ficha técnica que incluya tamaño de muestra, método de levantamiento, margen de error,   nivel de confianza, fecha de levantamiento, población objetivo y tasa de no respuesta.

Además, plantea que las metodologías completas sean depositadas en una plataforma pública antes de su difusión y que se transparenten el financiador directo, el beneficiario final y cualquier vínculo con partidos políticos, candidatos o terceros interesados.

“Necesitamos transparentar el margen de error, la tasa de rechazo, la base de datos y, por supuesto, el patrocinador, la ruta del dinero. ¿De dónde viene quien pagó ese estudio?”, cuestionó el petista.

La iniciativa también prohíbe presentar como independientes encuestas financiadas por actores políticos, plantea que esos recurtsos queden sujetos a fiscalización y obliga a los medios de comunicación a publicar de manera visible la ficha técnica, la fecha de levantamiento, la identidad del financiador y las advertencias sobre el margen de error.

Asimismo, contempla la creación de un Registro Público Estatal de Encuestas Electorales y faculta al Instituto Electoral de Michoacán para realizar auditorías metodológicas aleatorias a las casas encuestadoras.

Entre las conductas sancionables se incluyen la omisión de información obligatoria, la falsedad en datos metodológicos, el ocultamiento del financiamiento y la manipulación deliberada de resultados.

La reforma también propone ampliar de tres a cinco días la veda para la difusión de encuestas antes de la jornada electoral, con el argumento de proteger la libertad y autenticidad del voto.

La iniciativa fue elaborada en conjunto con David Pascual Aréstegui Espinoza, presidente del Colegio de Comunistas de Michoacán Lázaro Cárdenas del Río, y será analizada por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana.