Piden incentivos fiscales para empleadores de personas con discapacidad

MORELIA, Mich., 22 de marzo de 2026.- Al señalar que sin incentivos fiscales ni respaldo institucional al sector empresarial, la inclusión laboral de personas con discapacidad en Michoacán seguirá limitada, se planteó la creación de un fondo estatal para detonar la contratación.

Durante la discusión del punto en el primer Parlamento con perspectiva de discapacidad en Michoacán, celebrado este fin de semana, Salvador Díaz subrayó la necesidad de establecer mecanismos concretos que acompañen a las empresas que deciden abrir espacios laborales, dijo.

“Debe haber la creación de un fondo estatal para dar incentivos reales a estas personas que contratan a personas con discapacidad”, planteó Díaz, persona con discapacidad visual.

Señaló que, aunque existe disposición entre empleadores, no cuentan con herramientas suficientes para asumir los costos y riesgos asociados, lo que termina por frenar la inclusión.

“Hay muchos empresarios aquí en el Estado que tienen ganas de apoyar, pero necesitamos darles las herramientas para que ellos puedan contratarnos”, afirmó.

El planteamiento incluye incentivos fiscales y esquemas vinculados al Instituto Mexicano del Seguro Social, particularmente en lo relativo a riesgos de trabajo y traslado.

“Necesitamos incentivos fiscales y ante el IMSS por los riesgos de trabajo y los riesgos de traslado”, agregó.

En su intervención, Díaz también evidenció las condiciones de vulnerabilidad laboral que enfrentan las personas con discapacidad, al compartir su experiencia personal.

“Yo en lo personal fui marginado de mi trabajo al perder la vista y no hubo ninguna sanción para ellos”, denunció.

En el mismo espacio, la parlamentaria Guadalupe Yuritzi Hernández Alvarado presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado, enfocada en fortalecer la capacitación laboral como base para el acceso al empleo.

Advirtió que los actuales programas no garantizan aprendizaje efectivo ni desarrollo de habilidades.

“Hoy en día los programas de capacitaciones para el trabajo no garantizan un aprendizaje real para las personas con discapacidad”, expuso.

Su propuesta considera la incorporación de ajustes razonables en talleres y centros de formación, capacitación obligatoria y certificación anual para instructores, así como la ampliación de los cursos a una duración mínima de 12 meses.

“Esto significa que los centros de capacitación deberán contar con materiales accesibles y herramientas como manuales en lectura fácil, pictogramas, tecnología de apoyo y adecuación en los espacios. Sin accesibilidad no hay aprendizaje real”, señaló.

Asimismo, enfatizó que los procesos formativos requieren tiempo suficiente para generar resultados.

“El aprendizaje requiere tiempo, práctica y acompañamiento. No puede lograrse en cursos breves”, sostuvo.

La parlamentaria precisó que la iniciativa no plantea privilegios, sino condiciones de equidad para garantizar el derecho al trabajo.

“Esta iniciativa no plantea privilegios, plantea condiciones justas para que las personas con discapacidad puedan aprender, capacitarse y trabajar con dignidad”, afirmó.

Las intervenciones coincidieron en que la inclusión laboral en Michoacán exige una estrategia integral que combine incentivos económicos para el sector empresarial con procesos de capacitación accesibles y de largo plazo, a fin de traducir el discurso en oportunidades reales de empleo para las personas con discapacidad.