Pide diputado de La Sombreriza hasta 40 años de cárcel por robo de autos

MORELIA, Mich., 27 de febrero de 2026.- El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla, conocido por su pertenencia a La Sombreriza Michoacana, movimiento fundado por Carlos Manzo, propuso que se castigue con hasta 40 años de cárcel a quienes cometan el delito de robo de auto con violencia. 

El Legislador independiente, representante del distrito 20 de Uruapan, presentó la iniciativa ante el Congreso de Michoacán, para reformar el artículo 205 Bis del Código Penal del Estado y aumentar las penas por robo de vehículo, con el argumento de que se trata de un delito de alto impacto social que ha rebasado la capacidad disuasiva de la legislación vigente.

La propuesta eleva la pena base de cinco a quince años de prisión a un rango de quince a treinta años, cuando el robo tenga por objeto un vehículo de motor terrestre o cualquiera de sus partes. En los casos agravados, la sanción pasaría de doce a veinticinco años a un rango de veinte a cuarenta años de prisión.

Las agravantes contemplan cuando el robo se cometa con violencia en las personas o en las cosas, cuando el vehículo se utilice como instrumento para la comisión de otro delito, cuando el hecho ocurra en despoblado, cuando en la unidad se encuentren mujeres, menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, y cuando participen dos o más personas.

La iniciativa también mantiene como equiparable al robo de vehículo la obtención de la posesión o propiedad mediante simulación de pago utilizando medios electrónicos o tecnologías digitales.

En la exposición de motivos, el legislador sostiene que el robo de vehículos y motocicletas se ha convertido en uno de los delitos patrimoniales de mayor impacto en Michoacán, no sólo por su frecuencia, sino por las consecuencias económicas y sociales para las familias. Argumenta que para miles de personas el vehículo no es un lujo, sino herramienta de trabajo, medio de transporte cotidiano y, en muchos casos, sustento familiar.

Cita datos del Informe de Unidades Robadas, elaborado con base en carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado y publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, según los cuales durante 2025 se registraron 3 mil 214 robos de vehículos de cuatro ruedas y 2 mil 046 robos de motocicletas en la entidad, es decir, más de 5 mil hechos en un año.

El promovente advierte que el robo de vehículos no es un ilícito aislado, ya que en múltiples casos está vinculado con delitos violentos, trasiego de armas o drogas, privaciones ilegales de la libertad, alteración de números de identificación y operación de redes delictivas organizadas, por lo que su impacto trasciende el ámbito patrimonial y afecta la seguridad pública y la paz social.

Sostiene que las penas actuales han resultado insuficientes para inhibir la conducta, particularmente cuando existen beneficios procesales o criterios que reducen la sanción efectiva, lo que genera percepción de impunidad y desalienta la denuncia.

La iniciativa plantea que el aumento de penalidades cumple con el principio constitucional de proporcionalidad, al guardar relación con la gravedad del daño causado y con el bien jurídico tutelado, y afirma que no busca criminalizar la pobreza ni endurecer irracionalmente el sistema penal, sino proteger el patrimonio, la movilidad y la seguridad de las familias.