Partidos, responsables de evitar candidaturas ligadas al crimen: TEPJF

MORELIA, Mich., 21 de mayo de 2026.- El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto de Guzmán Bátiz García, sostuvo que corresponde a los partidos políticos asumir la responsabilidad de impedir que perfiles presuntamente vinculados con la delincuencia organizada lleguen a candidaturas y posteriormente a cargos públicos.

Entrevistado tras la inauguración del seminario Justicia Electoral Cercana: Diálogos sobre nuestra democracia, en Morelia, el Magistrado afirmó que las autoridades electorales tienen límites legales claros y que la revisión de candidaturas se restringe a requisitos de elegibilidad establecidos en la ley.

“Creo que hay que trasladar esta responsabilidad a los partidos políticos”, declaró al ser cuestionado sobre casos recientes de autoridades electas que posteriormente fueron detenidas por presuntos nexos criminales.

Añadió que ni los órganos administrativos ni los jurisdiccionales realizan investigaciones de fondo sobre los perfiles postulados.

“Las autoridades electorales, ni administrativas ni jurisdiccionales, estamos obligados a hacer una revisión de estos perfiles en términos más que de la elegibilidad”, explicó.

Gilberto de Guzmán Bátiz hizo referencia a una posible reforma electoral anunciada este día desde la conferencia presidencial matutina, relacionada con modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la legislación de partidos políticos.

Aunque aclaró que no conoce aún el contenido formal de la iniciativa, mencionó que escuchó planteamientos sobre la creación de una comisión dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar candidaturas partidistas, con participación optativa de los propios partidos.

“Habrá que estudiarla, habrá que retomarla, yo únicamente la escuché”, puntualizó. El Magistrado consideró importante preservar la libre autodeterminación de los partidos, pero insistió en que éstos también deben hacerse responsables de los perfiles que impulsan electoralmente.

“Que ellos definan en términos de sus estrategias políticas sus candidaturas, pero no solamente que sean competitivas, sino que sean electivas”, expresó.

Respecto al sistema electoral mexicano, afirmó que el marco jurídico vigente mantiene condiciones suficientes para organizar y calificar elecciones, pese a que tras cada proceso surgen presiones de reforma derivadas de nuevas correlaciones políticas.

“El sistema electoral mexicano desde el año 2015 no ha tenido modificaciones sustanciales y este ha sido probado”, señaló.

Indicó que actualmente las autoridades administrativas y jurisdiccionales cuentan con bases normativas suficientes para garantizar los procesos electorales.

“Tenemos los fundamentos sustantivos para realizarlo”, afirmó. Sobre la posibilidad de anular elecciones cuando existan hechos de violencia o intervención criminal, recordó que las causales de nulidad ya están previstas en la legislación y deben acreditarse plenamente mediante pruebas.

“La nulidad de la elección es la pena de muerte en el derecho electoral”, sostuvo. Explicó que invalidar una elección constituye la mediuda más extrema dentro del sistema democrático, porque implica dejar sin efectos la voluntad expresada en las urnas.

“Lo deseable es justamente que se preserve la votación manifiesta por la ciudadanía, pero eso de una forma libre, de una forma sin presiones”, agregó.

Incluso recordó antecedentes en Michoacán donde tribunales electorales determinaron nulidades por acreditarse irregularidades determinantes en los resultados.

En otro tema, el presidente de la Sala Superior defendió el impulso de mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar que todos los conflictos político-electorales terminen judicializados.

“Que si son políticos agoten el diálogo a través de lo político”, dijo.

Indicó que el TEPJF busca generar confianza entre partidos, ciudadanía y comunidades para utilizar vías de conciliación antes de acudir a tribunales, aunque reconoció que todavía no existe una medición clara sobre el alcance de estos mecanismos.

Finalmente, consideró que el voto electrónico técnicamente ya es viable en México, aunque advirtió que el principal reto sigue siendo presupuestal y de confianza ciudadana.

“El desafío siempre serán los recursos públicos, pero lo más importante es que la ciudadanía tenga confianza en que ese voto se cuente y se cuente bien”, comentó.

Sin embargo, evitó asegurar que el voto electrónico pueda inhibir la participación de la delincuencia organizada en los procesos electorales. “Delincuencia organizada, no lo sabría decir”, respondió.