Opacidad en gasto de 96 mdp fractura a 4T en Congreso de Michoacán

MORELIA, Mich., 29 de octubre de 2025.- El manejo de 96 millones de pesos sin aclarar en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 provocó un choque público entre diputados de Morena y del Partido del Trabajo durante la sesión de este miércoles en el Congreso del Estado, donde quedó exhibida la división interna de la Cuarta Transformación en Michoacán.

La confrontación surgió durante el desahogo del punto relativo al Primer Informe Trimestral del Presupuesto de Egresos, cuando el diputado de Morena Juan Carlos Barragán denunció que, pese a contar con un presupuesto anual superior a mil 362 millones de pesos, sólo se le entregó un estado financiero de 15 páginas, sin documentación completa ni conciliación detallada de ingresos y egresos.

“El Congreso recibió más de 446 millones de pesos del 1 de enero al 31 de marzo, y gastó más de 350 millones; la diferencia aritmética es de más de 96 millones. Pregunto con respeto, pero con firmeza: ¿quién y en qué se gastó ese dinero?”, cuestionó desde tribuna.

El Legislador advirtió que respetar la ley y deliberar con información no es un favor, sino un deber con el pueblo, y acusó que la opacidad en el manejo de recursos públicos tiene números y rostros.

Señaló que, pese a la magnitud del presupuesto, el Congreso opera entre filtraciones, lámparas hundidas, alfombras rotas y áreas sin impresoras ni conexión a Internet, mientras el archivo histórico y la biblioteca se encuentran en abandono.

“Eso también es gasto público y exige cuentas claras. La gente no pide discursos, pide claridad”, enfatizó, al tiempo que denunció que el secretario de Administración y Finanzas, Alejandro Estrada Salinas, “se ha rehusado a transparentar la información financiera completa”.

Barragán Vélez recordó que su intervención se dio en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que le restituyó el derecho a participar en el pleno tras reconocer su derecho al voto informado. Sin embargo, subrayó que la entrega parcial de documentos financieros podría constituir responsabilidad administrativa.

“Votar informado no es leer vínculos sobre la marcha. Es contar con documentación completa y verificable antes del debate. No pedimos pivilegios, exigimos reglas claras y cumplimiento real de las sentencias”, agregó.

También denunció el incumplimiento de acuerdos laborales, pues se prometió un incremento salarial desde enero para todo el personal del Congreso, así como la homologación de salarios entre asesores y secretarios técnicos, lo cual, dijo, no ha ocurrido, pese a que se gastan cientos de millones en un trimestre.

“No hay Cuarta Transformación sin justicia laboral. No hay ética pública sin transparencia”, sostuvo.

La respuesta vino del diputado Baltazar Gaona García, del Partido del Trabajo, quien pidió a su compañero morenista resolver las diferencias dentro del propio grupo parlamentario, pues le recordó que tanto la Junta de Coordinación Política como la Secretaría de Finanzas están bajo el control de Morena.

“Quien preside la Junta de Coordinación Política es la diputada Fabiola Alanís Sámano, de Morena. Sería bueno que esas observaciones las platicaran con ella. Además, el secretario de Finanzas es una propuesta de su partido. Creo que traen un tema interno”, señaló Gaona desde su curul.

Ante ello, Barragán replicó brevemente: “Como ustedes saben, no existe buena comunicación al interior de nuestro grupo parlamentario, y no hay información que se entregue en tiempo y forma; por eso hemos recurrido a los tribunales”.

El intercambio dejó al descubierto la falta de cohesión en la bancada de la 4T y la opacidad en la administración de los recursos del Poder Legislativo, temas que, más allá de la disputa política, ponen bajo escrutinio el uso del presupuesto público en un órgano que exige transparencia al resto de las instituciones.

“Cuando faltan documentos sobran sospechas, y no vamos a normalizar la sospecha en este Congreso. Lo que está en juego es la confianza ciudadana”, aderezó Barragán.

El debate cerró con la ratificación de que el incidente de cumplimiento de sentencia sigue impugnado ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras el Congreso enfrenta críticas internas y externas por la falta de claridad en el destino de los recursos públicos.