No hay derechos absolutos: doctoranda, sobre decreto contra narcocorridos
MORELIA, Mich., 22 de abril de 2025.- La restricción a la interpretación de narcocorridos en conciertos públicos en Michoacán no vulnera derechos humanos, pues éstos no son absolutos y deben armonizarse con el interés público y la seguridad, sostuvo Alicia Becerra Gómez, doctoranda en Derecho y maestra en Derecho Procesal Constitucional.
El mismo artículo sexto de la Constitución te limita y te dice que el límite a esa libertad de expresión es precisamente el orden público”, comentó en entrevista, a propósito del tema que ha generado polémica por la posible violación a la libertad de expresión.
Con 15 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos y cuatro años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, Becerra explicó que el reciente decreto emitido por el Ejecutivo estatal tiene naturaleza administrativa y no penal
Aclaró que la prohibición no recae sobre el género musical como tal ni en el acto de escuchar estas canciones, sino en la interpretación pública de contenidos que ensalcen o hagan apología de la actividad criminal.
Ellos se pueden presentar, desde luego, siempre y cuando no utilicen dentro de sus presentaciones esas composiciones que tengan que ver con algún narcocorrido, que posicionen algún personaje de la actividad criminal”, puntualizó.
Desde su perspectiva como especialista en derechos humano, la también exconsejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó que la medida responde a la necesidad de garantizar condiciones mínimas para una cultura de paz.
No es tanto por sancionar por sancionar, sino más bien que se reencaucen los esfuerzos para que podamos transitar hacia una cultura de paz”, dijo.
Las sanciones previstas alcanzan hasta 700 UMAs, así como la cancelación del evento, pero solo se aplicarían si se incumple el repertorio autorizado.
Si se le autorizó determinado repertorio y él se excede en incorporar algo que ahorita se está prohibiendo, entonces sí pudiera ser acreedor a una sanción”, explicó.
Frente a la intención de algunos municipios de impedir la participación de ciertos artistas, Becerra advirtió que tal decisión excedería los márgenes legales.
Cerrarles la puerta como tal sería una restricción más allá de lo legalmente permitido”, opinó, al subrayar la necesidad de aplicar un test de proporcionalidad cuando se enfrentan derechos en conflicto.
Respecto a posibles sanciones a radiodifusoras por difundir narcocorridos, consideró que estas podrían ser objeto de impugnación.
“Si se diera una sanción a un espacio de esta naturaleza, pudiera cuestionarse mediante un juicio de amparo”, advirtió.
Finalmente, Becerra sostuvo que el decreto cuenta con peso jurídico suficiente. “El decreto es una norma. Su eficacia estará en que se logre aterrizar con sanciones claras que realmente eviten este tipo de espectáculos”, dijo.
