No especifica dictamen destino de predios; lo corregirán en reserva

MORELIA, Mich., 4 de marzo de 2026.- El presidente del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona García, aseguró que en la propuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para desincorporar 37 predios del patrimonio estatal “no hay nada que esconder”, aunque reconoció que el dictamen no especifica con claridad el destino final de cada inmueble, situación que será corregida mediante una reserva durante la discusión en el Pleno.

En rueda de prensa, el Legislador del PT explicó que la iniciativa busca regularizar la situación jurídica de diversos predios que actualmente tienen usos distintos a su propiedad legal, facilitar donaciones a instituciones públicas y fortalecer el patrimonio de algunos ayuntamientos.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre la falta de precisión en el dictamen respecto a qué predios serán donados, cuáles transferidos a municipios y cuáles podrían venderse mediante un fideicomiso, admitió que la observación es válida.

“Sí, es muy correcta su apreciación. Esta apreciación nosotros ya la hicimos por parte de la Presidencia a la Comisión dictaminadora, a la Comisión de Hacienda”, señaló.

De acuerdo con Gaona García, la Comisión de Hacienda decidió formular una reserva que se presentará durante la discusión legislativa para aclarar el destino de los predios que serán donados directamente, evitando que todos pasen primero por el fideicomiso.

Indicó que esta modificación permitirá precisar cuáles inmuebles se entregarán de manera directa a instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social o a ayuntamientos que actualmente ya utilizan esos espacios para servicios públicos.

El legislador detalló que entre los predios contemplados hay inmuebles en Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia y Jacona que se pretenden donar al IMSS para la instalación de guarderías o unidades médicas familiares.

En otros municipios como Taretan, Charo, Hidalgo, Marcos Castellanos, Los Reyes, Tangancícuaro y Purépero se plantea transferir la propiedad a los ayuntamientos debido a que los inmuebles ya funcionan como oficinas municipales, museos, casas de cultura o centros de servicios.

Gaona explicó que en varios casos se trata de construcciones realizadas por los propios ayuntamientos en terrenos que legalmente pertenecen al gobierno estatal, por lo que la desincorporación busca regularizar la propiedad y permitir que los municipios asuman plenamente su administración.

También se contemplan predios que actualmente están bajo contratos de comodato o arrendamiento a largo plazo con rentas mínimas, como una gasolinera en Morelia, una agencia automotriz Fiat y una tienda Soriana en Lázaro Cárdenas.

En estos casos, explicó, la intención es que los ocupantes interesados puedan adquirir los inmuebles en condiciones que resulten favorables para el estado.

Otros terrenos, varios de ellos pequeños y ubicados principalmente en Morelia o en la zona industrial, se integrarán a un fideicomiso estatal que se encargaría de administrar su eventual venta o asignación para proyectos públicos.

Gaona precisó que muchos de estos predios son baldíos o carecen de un uso que beneficie directamente a la ciudadanía, por lo que el fideicomiso permitiría darles un destino productivo.

La lista también incluye el antiguo Hospital Civil Doctor Miguel Silva en Morelia, inmueble que actualmente no tiene uso y que podría destinarse a alguna dependencia federal o a un proyecto que permita aprovechar el edificio en beneficio de la población.

Asimismo, explicó que el edificio donde actualmente opera el Poder Legislativo se encuentra jurídicamente a nombre del gobierno estatal, por lo que la propuesta también contempla su transferencia al Congreso para que este pueda administrar directamente el inmueble.

Gaona García subrayó que el decreto propuesto establece restricciones para evitar conflictos de interés en la eventual venta de predios, ya que ningún funcionario público de los tres órdenes de gobierno ni sus familiares hasta tercer grado podrán participar en la compra de los inmuebles.

Aclaró además que el decreto prohíbe que particulares reciban donaciones directas, por lo que las transferencias gratuitas únicamente podrán realizarse a instituciones públicas, como dependencias federales o ayuntamientos.

Respecto a los predios que eventualmente podrían venderse, el legislador indicó que el dictamen establece que el fideicomiso deberá solicitar avalúos a peritos autorizados y que el valor de referencia deberá ser comercial, con el objetivo de que cualquier operación de compraventa se realice en condiciones favorables para el estado.

Finalmente, explicó que los predios que se integren al fideicomiso y no logren venderse o asignarse durante la actual administración regresarían nuevamente al patrimonio estatal. Según el presidente del Congreso, la intención central de la iniciativa es ordenar el registro patrimonial, regularizar inmuebles que hoy están en uso por otras instancias de gobierno y facilitar proyectos de salud, atención infantil o servicios públicos en distintas regiones del estado.