Ningún deudor alimentario podrá ser contratado en el servicio público

MORELIA, Mich., 9 de marzo de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó una reforma que endurece las sanciones contra deudores alimentarios, estableciendo restricciones para quienes incumplan con sus obligaciones; en este contexto Octavio Ocampo Cordova, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, destacó que esta medida es un avance en la lucha contra la violencia económica y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“No podemos permitir que quienes abandonan su responsabilidad sigan sin consecuencias. Con esta reforma, garantizamos justicia para las familias afectadas”, afirmó, de acuerdo a un comunicado.

La reforma contempla la creación de un Registro de Deudores Alimentarios, en el cual se inscribirán quienes incumplan con el pago de pensión. Además, establece que ninguna persona registrada como deudor alimentario moroso podrá ser contratada en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Fiscalía General o los Ayuntamientos, salvo que regularice su situación.

Otro punto de la reforma, informó el legislador perredista, es el incremento de las penas por incumplimiento de pensión alimenticia, que pasarán de seis meses a tres años de prisión a un rango de tres a cinco años. Asimismo, en casos de incumplimiento reiterado, se podrá aplicar la pérdida de patria potestad, tutela o custodia. “Es inaceptable que madres e hijos sigan batallando para recibir lo que por derecho les corresponde”, sostuvo Ocampo Cordova.

También se reforzaron las sanciones a funcionarios públicos que ejerzan violencia de género o utilicen su cargo para obstaculizar el pago de pensión alimenticia. La reforma amplía el concepto de abuso de funciones dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas y tipifica como desacato el incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con esta materia.

Al respecto, Ocampo Cordova subrayó que esta reforma es un paso importante hacia la justicia con perspectiva de género. “Este Congreso ha decidido poner un alto a la impunidad de los deudores alimentarios porque la irresponsabilidad tendrá consecuencias y el Estado estará del lado de quienes más lo necesitan”, concluyó.