Niegan dedicatoria en ley antideuda y abren excepción a municipios

MORELIA, Mich., 4 de febrero de 2026.- El diputado Marco Polo Aguirre Chávez negó, a pregunta expresa en entrevista, que la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para prohibir la contratación de deuda pública de largo plazo que rebase el periodo de gobierno tenga dedicatoria política o busque atar las manos a la próxima administración estatal, y adelantó que en comisiones podría analizarse un tratamiento distinto para los municipios.

Luego de que el Congreso en Pleno autorizó el ha lugar y con la constitucionalidad ya despejada, la propuesta entró este miércoles a una revisión de fondo en comisiones, donde se analizará su viabilidad técnica y financiera.

Aguirre Chávez, integrante de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, explicó que el siguiente paso será determinar si la reforma es adecuada para Michoacán, sin que ello implique dejar sin herramientas al gobierno que entrará en funciones en 2027.

“Más que ponerle una camisa de fuerza a quien pueda ser gobernador en los próximos años, es cuidar a los michoacanos”, dijo.

El Legislador de Morena enmarcó el debate en un contexto de endeudamiento histórico del estado, al señalar que créditos autorizados bajo el argumento de infraestructura terminaron utilizándose para atender problemas estructurales del gasto público.

Señaló que, aunque la ley de deuda establece que los financiamientos deben destinarse a inversión productiva, en los hechos los recursos no se reflejaron en obra visible, lo que convirtió la deuda en una carga permanente para Michoacán.

Sostuvo que hoy existen mecanismos alternativos de financiamiento, como las obras multianuales, que permiten ejecutar proyectos sin comprometer recursos más allá del periodo constitucional, por lo que consideró viable discutir una prohibición al endeudamiento transexenal, sin cancelar por completo herramientas financieras para el gobierno estatal.

No obstante, reconoció que el tema de los municipios requiere un análisis diferenciado, debido a que su situación financiera y sus necesidades son distintas a las del Ejecutivo estatal.

Admitió que los ayuntamientos, en algunos casos, requieren financiamiento de largo plazo para realizar obras de gran envergadura, como plantas de tratamiento de agua u otra infraestructura básica, por lo que en comisiones podría revisarse la posibilidad de establecer excepciones o un tratamiento distinto para ellos dentro de la reforma.

Aclaró que la iniciativa del Ejecutivo incluye tanto al gobierno estatal como a los ayuntamientos, pero el análisis de fondo permitirá definir si ambos deben sujetarse a las mismas reglas.

Finalmente, consideró que el estudio en comisiones no será prolongado, ahora que la constitucionalidad de la reforma está despejada, y que en el corto o mediano plazo podría avanzar hacia su discusión en el Pleno del Congreso del Estado.