Niega Eréndira Isauro injerencia fáctica en Defensoría Pública

MORELIA, Mich., 23 de diciembre de 2025.- La diputada local Eréndira Isauro Hernández negó tener control, injerencia o poder de facto en el Instituto de la Defensoría Pública de Michoacán, luego de que defensores públicos denunciaron presuntas irregularidades administrativas, laborales y operativas al interior de la institución, mismas que atribuyen a la conducción del director Felipe Morales Correa y que, en algunos casos, vinculan políticamente con la legisladora.

En entrevista con Quadratín Michoacán, la Legisladora, quien mantiene una relación personal con el titular del instituto, sostuvo que respeta el derecho de las y los trabajadores a expresarse, pero afirmó que los señalamientos que la colocan como el poder detrás del poder no corresponden con la realidad. 

Aseguró que su relación con la Defensoría Pública se limita estrictamente a las funciones que le competen como integrante del Poder Legislativo.

Las declaraciones de la diputada se producen luego de que defensores públicos expusieran ante medios de comunicación un panorama que incluye:

Presunto hostigamiento laboral, negativa sistemática de permisos contemplados en la ley, cambios de adscripción y materia utilizados como mecanismos de presión,  renuncias forzadas de personal con hasta dos décadas de antigüedad, desigualdad de trato entre regiones, falta de profesionalización y una sobrecarga de trabajo que, advirtieron, pone en riesgo la calidad del servicio de defensa pública.

De acuerdo con lo denunciado, durante el último mes se habrían registrado al menos cinco renuncias de personal con amplia trayectoria, derivadas de decisiones administrativas que, señalaron, afectan directamente derechos laborales adquiridos. 

También se expuso que los cambios de adscripción y materia jurídica se han aplicado sin criterios claros, obligando a personas defensoras a trasladarse a otras regiones del estado bajo condiciones que hacen inviable su permanencia en el cargo.

En el ámbito operativo, los defensores públicos señalaron que la institución enfrenta una crisis de profesionalización, con la incorporación de personal sin el perfil ni la experiencia necesarios para el litigio, lo que impacta directamente en los procesos judiciales y en los derechos de las personas usuarias del servicio. 

A ello se suma una carga laboral excesiva, con decenas de asuntos simultáneos por defensor o defensora, sin apoyos logísticos suficientes y con gastos de traslado cubiertos por el propio personal.

En ese contexto, Eréndira Isauro Hernández afirmó que su actuación respecto a la Defensoría Pública ha sido exclusivamente de gestión presupuestal desde el Congreso del Estado, con el objetivo de fortalecer a distintas instituciones públicas, incluida esa dependencia, pero sin intervenir en su operación interna. Precisó que este tipo de gestiones las ha realizado desde la legislatura pasada y no son exclusivas de la Defensoría Pública.

Explicó que, cuando formó parte de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, participó en ejercicios de análisis presupuestal con diversas dependencias estatales cuyos titulares acudieron al Congreso para plantear necesidades financieras, solicitudes de ampliación de recursos y proyectos de mejora en infraestructura y condiciones laborales.

Sobre las denuncias específicas de despidos, traslados punitivos, negativa de permisos y decisiones presuntamente arbitrarias, la Diputada aseguró no tener información directa y sostuvo que esas determinaciones corresponden únicamente a las autoridades del propio instituto.

 Añadió que, a grandes rasgos, lo que conoce es que los movimientos internos suelen justificarse por necesidades regionales, sin que ella tenga acceso a los criterios, tiempos o circunstancias en que se aplican.

Respecto a su presencia en las instalaciones de la Defensoría Pública, reconoció que ha acudido a eventos institucionales a los que ha sido invitada, como ocurre con otros legisladores, y que en ocasiones ha visitado el inmueble, pero subrayó que no cuenta con oficina, cubículo, área asignada ni facultades para intervenir en decisiones administrativas o jurídicas.

Finalmente, reiteró que su relación con la Defensoría Pública es la misma que mantiene con otras dependencias estatales, como el Telebachillerato Michoacán, y que continuará realizando gestiones presupuestales cuando las instituciones lo soliciten, sin participar en su conducción interna.

Quadratín Michoacán solicitó una entrevista al director del Instituto de la Defensoría Pública de Michoacán, Felipe Morales Correa, para conocer su versión sobre las acusaciones realizadas por defensores públicos, sin embargo, hasta el cierre de edición de esta nota informativa no se obtuvo respuesta.