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MORELIA, Mich., 27 de febrero de 2026.- Con la mira puesta en las campañas electorales de 2027, en el Congreso de Michoacán se impulsa una reforma para cerrar el paso al uso de Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de manipulación política, particularmente cuando implique suplantación de identidad, fabricación de contenidos falsos y violencia digital contra mujeres.
La iniciativa, presentada por la diputada María Itzé Camacho Zapiain y el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, propone modificar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres para incorporar de manera expresa la generación y difusión de contenidos sintéticos elaborados con inteligencia artificial, clonación de voz, simulación digital o tecnologías análogas cuando se utilicen sin consentimiento y con fines de daño.
El planteamiento parte de una advertencia política clara rumbo a 2027: la posibilidad de que herramientas de IA sean utilizadas para manipular información, fabricar declaraciones, alterar imágenes o crear videos verosímiles que nunca ocurrieron, con el propósito de desacreditar, humillar o afectar reputaciones en contextos de competencia electoral.
La reforma ya fue turnada a comisiones y se encuentra en análisis legislativo.
En el documento se sostiene que la violencia contra las mujeres ha adoptado nuevas formas con el avance tecnológico y que los entornos digitales permiten un daño inmediato, masivo y persistente.
Se advierte que prácticas como los llamados deepfakes, contenidos digitales falsificados mediante inteligencia artificial que imitan de forma verosímil el rostro, la voz o los gestos de una persona para hacerla parecer que dijo o hizo algo que nunca ocurrió, además de otras modalidades de suplantación digital que pueden utilizarse para sexualizar, extorsionar, amenazar o desacreditar a mujeres, incluidas aquellas que participen en la vida pública.
El sustento estadístico proviene del Módulo sobre Ciberacoso 2024 del Inegi, que señala que 21 por ciento de las personas usuarias de internet de 12 años y más experimentaron alguna situación de ciberacoso en 2024, equivalente a alrededor de 18.9 millones de personas. Por sexo, el impacto es mayor en mujeres, con 22.2 por ciento frente a 19.6 por ciento en hombres.
Asimismo, cifras difundidas con motivo del 25 de noviembre de 2025 estiman que en 2024 aproximadamente 10.6 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso, con mayor prevalencia de insinuaciones sexuales y recepción de contenido sexual no solicitado, lo que revela un patrón de agresión con carga de control y violencia simbólica.
En Michoacán, el MOCIBA 2024 reporta que 22.7 por ciento de mujeres usuarias de internet señalaron haber sufrido ciberacoso, dato que coloca a la entidad en niveles comparables con la media nacional.
La propuesta modifica el artículo 9 para ampliar la definición de violencia digital e incluir expresamente la generación, edición, manipulación o difusión de contenidos total o parcialmente sintéticos, como imagen, audio, video o cualquier representación digital elaborada mediante inteligencia artificial, cuando imiten o aparenten la identidad de una mujer sin su consentimiento y se utilicen con el objeto o resultado de controlar, amenazar, extorsionar, humillar, sexualizar, denigrar o desacreditar.
El texto no crea un nuevo delito ni reforma el Código Penal, pero busca dar precisión normativa ante tecnologías emergentes que permiten fabricar material aparentemente auténtico sin que exista un hecho real detrás, lo que, según la exposición de motivos, puede generar incertidumbre jurídica y espacios de impunidad.
De manera complementaria, la iniciativa plantea reformar el artículo 15 para obligar a autoridades a impulsar capacitación y actualización institucional dirigidas a ministerios públicos, personal policial y demás servidores públicos competentes, a fin de fortalecer sus capacidades para identificar, investigar y preservar evidencia digital relacionada con el uso de inteligencia artificial en contextos de violencia digital.
El decreto establece que, de ser aprobado por el Pleno, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, una vez concluido el proceso legislativo en comisiones.
Con ello, el debate sobre inteligencia artificial deja de ser tecnológico y se inserta de lleno en la antesala electoral de 2027, donde el uso de contenidos sintéticos podría convertirse en un nuevo frente de disputa política y de riesgo para la integridad y reputación de mujeres en el espacio público.




