Michoacán: van contra revictimización de menores en procesos judiciales

MORELIA, Mich., 4 de mayo de 2026.- En análisis en las comisiones de Justicia, Protección a la Niñez y Adolescencia y Derechos Humanos del Congreso de Michoacán se encuentra una reforma para establecer reglas obligatorias en juicios donde participan niñas, niños y adolescentes, ante la falta de criterios uniformes en tribunales.

El diagnóstico que acompaña la propuesta es puntual. Hoy los procesos familiares y civiles como custodias, divorcios o adopciones se resuelven sin lineamientos homogéneos, lo que deja a los menores expuestos a decisiones dispares y sin garantías claras de protección durante su participación en los procedimientos.

La iniciativa plantea incorporar al Código Familiar del Estado la aplicación obligatoria de protocolos de actuación para quienes imparten justicia, con el objetivo de fijar criterios claros sobre cómo deben ser escuchados, atendidos y protegidos los menores en cualquier proceso judicial.

En ese contexto, el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera promovió la reforma que busca convertir en norma vinculante un instrumento que hoy existe solo como referencia, sin obligatoriedad para jueces y autoridades.

El planteamiento reconoce que la ausencia de reglas claras provoca vacíos en la actuación judicial, falta de sensibilidad en el trato a menores y decisiones que no siempre consideran su edad, madurez o contexto, pese a que los procesos impactan directamente en su vida.

La propuesta también establece la obligación de escuchar a niñas, niños y adolescentes en los juicios conforme a su desarrollo, así como evitar prácticas que puedan afectar su estabilidad emocional durante los procedimientos.

Además, incluye la capacitación obligatoria y continua de jueces, magistrados y funcionarios involucrados en justicia familiar, con el fin de garantizar un enfoque especializado en derechos de la niñez.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su estudio y análisis, en un escenario donde el Congreso ha reconocido rezagos en la dictaminación de reformas.

El fondo del debate es institucional. Mientras los menores forman parte de procesos que definen su entorno familiar y su futuro, el sistema judicial en Michoacán sigue operando sin reglas obligatorias que aseguren su protección de manera uniforme.