Morena, 15 años como la resistencia de Latinoamérica: Gladyz Butanda
MORELIA, Mich., 29 de julio de 2026.- Las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Michoacán analizan una iniciativa para crear el Instituto Estatal de Atención Integral al Adulto Mayor.
El proyecto busca establecer un organismo público descentralizado encargado de diseñar, coordinar, implementar y evaluar las políticas públicas dirigidas a este sector de la población.
La propuesta parte de la proyección de que para el año 2030 más del 20 por ciento de los habitantes de Michoacán será mayor de 60 años, lo que plantea nuevos retos para el estado en materia de salud, asistencia social, inclusión y protección de derechos.
El documento señala que actualmente muchas personas adultas mayores viven en condiciones de vulnerabilidad social, económica y de salud.
También refiere casos de abandono, acceso limitado a servicios médicos, ausencia de redes familiares o comunitarias y limitaciones físicas o cognitivas que requieren atención especializada.
Además, sostiene que el esquema institucional de atención a este sector en Michoacán es disperso, poco articulado y, en muchos casos, insuficiente, por lo que considera necesaria la creación de una instancia especializada que concentre las acciones gubernamentales.
De aprobarse, el Instituto Estatal de Atención Integral al Adulto Mayor sería un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, operativa y de gestión. Estaría sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.
Entre sus atribuciones se contempla formular y ejecutar programas de atención médica, psicológica, nutricional y social; diseñar políticas de inclusión y envejecimiento activo, coordinar acciones con los tres órdenes de gobierno y con organizaciones civiles; establecer centros de atención integral, casas de día y unidades móviles, además de capacitar al personal especializado en geriatría y gerontología.
También tendría la responsabilidad de promover reformas en materia de derechos de las personas adultas mayores, impulsar campañas de sensibilización y educación intergeneracional, así como elaborar diagnósticos, estadísticas e indicadores sobre las condiciones de este sector en la entidad.
El proyecto plantea además la coordinación permanente con los municipios, el DIF estatal, los sectores de salud, educación y desarrollo social, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.
Sus líneas de acción incluirían atención médica geriátrica, acceso a medicamentos y asistencia social, promoción del envejecimiento activo, prevención de enfermedades crónicas, espacios de recreación y participación comunitaria, así como acciones para combatir el abandono y el maltrato.
La iniciativa establece que, en caso de aprobarse, el Ejecutivo estatal deberá expedir el reglamento interno del instituto en un plazo máximo de 90 días naturales y realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para su operación inicial sin afectar programas prioritarios.




