Michoacán: escuelas ya no podrán obligar compra de uniforme en un lugar

MORELIA, Mich., 20 de mayo de 2026.- El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Educación estatal para impedir que escuelas obliguen, induzcan o presionen a madres y padres de familia a contratar servicios o realizar compras con proveedores específicos, una práctica que durante años ha operado mediante convenios, listas “sugeridas” o recomendaciones que, en los hechos, terminaban siendo imposiciones económicas para las familias.

La modificación fue avalada con 34 votos de los diputados presentes y reforma la fracción 24 del artículo 226 de la Ley de Educación del Estado, con el propósito de ampliar las conductas consideradas infracciones para quienes prestan servicios educativos en Michoacán.

Con el nuevo texto, quedará prohibido limitar de manera directa o indirecta la libre elección de madres, padres o tutores para adquirir uniformes, útiles escolares, materiales educativos, plataformas digitales, servicios o cualquier otro insumo relacionado con la educación.

En tribuna, la única intervención a favor fue realizada por la diputada Grecia Aguilar, de Movimiento Ciudadano, quien sostuvo que resulta inadmisible que desde instituciones educativas se impongan compras o proveedores específicos a las familias, particularmente en un contexto económico donde el gasto escolar representa una carga creciente para miles de hogares.

Durante la discusión del dictamen se expuso que, aunque la legislación vigente ya establecía restricciones para evitar condicionamientos en el servicio educativo, en la práctica persistían mecanismos indirectos mediante los cuales escuelas o personal relacionado con éstas terminaban orientando las compras hacia determinados negocios o distribuidores.

El Congreso advirtió que estas prácticas suelen materializarse a través de listas exclusivas de proveedores, convenios con comercios específicos, paquetes escolares cerrados o recomendaciones que terminan funcionando como condición implícita para el acceso o permanencia de estudiantes en determinados planteles.

El dictamen señala que este tipo de esquemas afecta especialmente a familias con ingresos limitados o con más de un hijo en edad escolar, donde los gastos asociados al ciclo educativo pueden convertirse en una presión financiera considerable.

Los legisladores consideraron además que estas dinámicas generan condiciones de desigualdad y reducen la capacidad de las familias para buscar opciones más económicas o accesibles en el mercado, pese al contexto de inflación y encarecimiento de productos escolares registrado en los últimos años.

Con la reforma aprobada, cualquier mecanismo que genere beneficios económicos indebidos vinculados con escuelas o con personal educativo podrá ser considerado una infracción administrativa conforme a la legislación estatal en materia educativa.