Michoacán, entre los 10 estados con menor votación en elección judicial

MORELIA, Mich., 20 de junio de 2025.- Michoacán se ubicó entre las 10 entidades del país con menor participación ciudadana durante las elecciones judiciales federales de 2025, en las que apenas el 13 por ciento de la lista nominal acudió a las urnas a nivel nacional.

El Reporte público postelectoral de Integralia revela que, en el caso de Michoacán, los resultados reflejan una baja concurrencia, en línea con la tendencia general observada en estados gobernados por Morena y el PVEM, que se situaron por debajo de la media nacional de participación.

El documento señala que la participación en los estados bajo gobiernos de Morena fluctuó entre el 9 y el 19.5 por ciento, con Michoacán en el rango inferior, junto a entidades como Baja California y otras con niveles similares.

En contraste, Coahuila, gobernado por el PRI, encabezó la lista con una participación del 24.3 por ciento, mientras que Guanajuato, del PAN, registró la cifra más baja con 6.7 por ciento. La baja participación se acompañó de un alto número de votos nulos y recuadros sin utilizar.

En la elección federal se emitieron más de 450 millones de votos, de los cuales 58 millones fueron nulos y 59.8 millones correspondieron a recuadros en blanco, lo que representa un récord histórico para una elección federal en el país. En Michoacán, el reporte destaca un pico de recuadros en blanco, asociado a secciones con bajo nivel educativo.

En cuanto a la distribución del voto, las candidaturas consideradas oficialistas, incluidas en los acordeones difundidos antes de la elección y vinculadas a Morena, obtuvieron los porcentajes más altos en Michoacán, al igual que en la mayoría de los estados. Sin embargo, ninguna candidatura en la entidad logró superar la media nacional en porcentaje de votos válidos.

El informe advierte que la degradación de los estándares de integridad electoral y la baja participación ciudadana en estados como Michoacán constituyen un riesgo para los próximos procesos, al abrir la puerta a reformas que podrían impactar la organización y vigilancia de futuras elecciones.