Reformas en seguridad combaten extorsión, trata y clonación de autos
MORELIA, Mich., 24 de mayo de 2026.- La Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán analiza una reforma impulsada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para acelerar los juicios relacionados con conflictos de arrendamiento, particularmente en casos de inquilinos que dejan de pagar renta y permanecen en los inmuebles pese al incumplimiento contractual.
La iniciativa plantea modificar el artículo 32 de la Ley Inquilinaria del Estado para que las controversias derivadas de contratos de arrendamiento ya no se tramiten mediante juicio sumario, sino por la vía sumarísima, un procedimiento judicial más rápido y simplificado que el actual. En los hechos, la reforma apunta a reducir tiempos para que propietarios puedan recuperar inmuebles ocupados por arrendatarios morosos.
El proyecto no contempla cárcel, multas ni sanciones penales contra quienes se atrasen en el pago de renta; sin embargo, sí podría acortar considerablemente los tiempos de resolución judicial en litigios civiles relacionados con viviendas, departamentos y locales comerciales.
De acuerdo con la exposición de motivos, el arrendamiento constituye una herramienta esencial para que personas accedan a vivienda o espacios comerciales sin necesidad de adquirir una propiedad; no obstante, el documento advierte que cada vez son más frecuentes los casos de incumplimiento de pago por parte de arrendatarios.
La propuesta señala que algunos inquilinos dejan de cubrir las rentas pactadas, incumplen contratos y tampoco desocupan los inmuebles, situación que genera afectaciones económicas para propietarios que terminan recurriendo a tribunales civiles para recuperar sus bienes.
Según el planteamiento legislativo, muchos de esos procedimientos terminan convirtiéndose en “una pérdida de tiempo y dinero” para los afectados, debido a la lentitud de los juicios y los tiempos procesales actuales.
La iniciativa sostiene que la vía sumarísima permitiría resolver conflictos en menor tiempo, evitar litigios prolongados y brindar mayor certeza jurídica tanto a propietarios como a arrendatarios.
Además de modificar el tipo de procedimiento judicial, la reforma incorpora nuevas facultades para los jueces. Entre ellas, que puedan reconducir desde el inicio la vía procesal cuando consideren incorrecta la planteada por el promovente, sin necesidad de reiniciar el procedimiento.
Asimismo, establece que si el juzgador determina no tener competencia por materia, cuantía, grado o territorio, deberá remitir inmediatamente el expediente a ljuecesa autoridad correspondiente, señalando los fundamentos legales de su decisión.
La exposición de motivos argumenta que estas medidas buscan fortalecer la celeridad procesal, garantizar el debido proceso y reducir tiempos de resolución en controversias derivadas del arrendamiento en Michoacán. La propuesta permanece en análisis dentro de la Comisión de Justicia del Congreso local.




