Michoacán: busca Congreso castigar explotación y violencia laboral 

MORELIA, Mich., 7 de mayo de 2026.- El Congreso de Michoacán prevé discutir este jueves en el Pleno una propuesta de reforma federal para endurecer el combate a la explotación laboral y tipificar como parte de este delito prácticas vinculadas con dolo, mala fe y violencia física, psicológica o moral contra trabajadores.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, propone enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos Delitos.

La propuesta fue presentada originakmente por la diputada del PRI, Adriana Campos Huirache, y plantea redefinir la explotación laboral no sólo como un incumplimiento de prestaciones o condiciones de trabajo, sino como una forma de sometimiento que vulnera la dignidad humana.

El proyecto establece que existe explotación laboral cuando una persona obtiene, “mediante el dolo o la mala fe o la violencia física, psicológica o moral, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole”, a partir del trabajo ajeno y sometiendo a la víctima a prácticas que atenten contra su dignidad.

Actualmente, la legislación contempla penas de 3 a 10 años de prisión y multas de 5 mil a 50 mil días para quien incurra en explotación laboral, pero la reforma busca precisar y ampliar los supuestos bajo los cuales puede configurarse el delito.

En el dictamen, las y los legisladores argumentan que la modificación permitiría al Estado intervenir no sólo desde el ámbito administrativo o laboral, sino desde un enfoque de derechos humanos, al considerar que muchas relaciones laborales abusivas se sostienen mediante engaño, coacción moral o violencia.

La Comisión de Puntos Constitucionales sostiene además que la propuesta busca armonizar la legislación mexicana con estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, así como con el Protocolo de Palermo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El documento refiere que incluso cuando exista aparente consentimiento de la víctima, éste puede quedar invalidado si fue obtenido mediante fraude, engaño o mecanismos que anulen la libertad de decisión de la persona trabajadora.

El dictamen quedó listo desde el pasado 29 de abril y será sometido a consideración del Pleno del Congreso local durante la sesión ordinaria programada para este jueves.