Michoacán: "aterroriza" fallo de SCJN sobre agua a colonias irregulares

MORELIA, Mich., 16 de marzo de 2026.- El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a dotar de agua potable a colonias irregulares “aterroriza”, por el incentivo que podría generar para la proliferación de fraccionamientos fuera de la legalidad y por la presión financiera que implicaría para los organismos operadores.

Así lo expuso el diputado presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso de Michoacán, Alfredo Anaya Orozco, al señalar que, aunque el acceso al agua es un derecho humano que debe garantizarse, el criterio judicial podría terminar fomentando el manejo irregular de predios y asentamientos.

En entrevista con Quadratín, el representante popular del distrito 4 de Jiquilpan, por el del Partido Verde Ecologista de México, señaló que, si bien es un derecho humano la posibilidad de acceder al agua, y se deben respetar una resolución de la SCJN, las cosas no son tan simples.

Y es que, Alfredo Anaya dejó claro su desacuerdo con cualquier medida que incentive prácticas fuera de la legalidad. “Obviamente yo estoy en desacuerdo de todo lo que incentive el manejo de un tema irregular o fuera de la norma (…). “Sinceramente me aterroriza el que incentive el manejo irregular de los lotes”, afirmó.

El Legislador advirtió que los organismos operadores del agua en los municipios ya enfrentan serias dificultades financieras y operativas incluso para atender a las colonias que se encuentran regularizadas.

“De por sí los organismos del agua municipales están rebasados, falta inversión, es complicado tenerlos en números negros para los que son regulares; o sea, es difícil llegarle a los que ya están definitivamente formales”, explicó.

Desde su perspectiva, extender la obligación de dotar servicios a asentamientos irregulares podría generar un efecto contrario al que se busca. “Ahora imagínate que te aplicara para los irregulares, creo que esto puede ser un incentivo para que te generen más fraccionamientos irregulares”, advirtió.

Anaya Orozco sostuvo que detrás de muchos de estos asentamientos existen intereses económicos que lucran con la necesidad de vivienda de las familias.

“Son negocios de unos cuantos que luego se dicen líderes o pseudo líderes sociales y que les dan barato, entre comillas, pero les dan barato porque no les dan servicios”, señaló.

Explicó que con frecuencia los terrenos se subdividen sin planeación ni infraestructura básica y posteriormente los compradores presionan a las autoridades para exigir servicios públicos.

“Les subdividen con un bote de cal y un palito y les dan barato porque al rato les dejan un problema de vida que les sale más caro, que es la búsqueda del bienestar a través de una pseudo lucha social que lidera ese mismo que le vendió”, afirmó.

Posteriormente, agregó, los compradores terminan recurriendo a las autoridades municipales o estatales para exigir servicios.

“Al rato voltean con los municipios, con el gobierno del estado, con las autoridades a decir qué bárbaros que no nos pueden dotar de servicios. Pero espérame, es que no se hizo en la formalidad”, dijo.

Frente al problema estructural de vivienda y expansión urbana, Alfredo Anaya planteó que la salida no es normalizar la irregularidad, sino facilitar el desarrollo formal de vivienda. “Facilitar el desarrollo de las ciudades”, resumió.

En ese sentido, informó que ha presentado tres iniciativas orientadas a reducir los tiempos y trámites para la autorización de nuevos desarrollos urbanos e infraestructura.

“Hay una serie de iniciativas, de las cuales tres son mías, para facilitar, para cortar los tiempos de autorización de nuevos desarrollos y de nueva infraestructura”, indicó. Desde su perspectiva, si los municipios no cuentan con recursos para desarrollar infraestructura, se debe permitir que el sector privado participe con mayor facilidad.

“Si los municipios no podemos dotar, o sea, los presidentes municipales, los municipios, los organismos no pueden dotar de infraestructura, pues que la hagan los privados, pero facilítenle los permisos, ayúdenle, acórtenle los tiempos”, sostuvo.

El diputado del Verde criticó que actualmente los procesos para autorizar fraccionamientos puedan tardar hasta tres o cuatro años, lo que desalienta el desarrollo formal.

“No podemos que para hacer un fraccionamiento un privado dure tres años o cuatro años en permisos”, afirmó. También cuestionó la duplicidad de requisitos ambientales entre distintos niveles de gobierno, lo que a su juicio abre espacios para la corrupción.

“Los impactos ambientales están triples, o sea, hay desarrollos que les piden impacto ambiental municipal, estatal y federal. ¿Sabes qué es eso? Corrupción”, acusó. A decir del diputado, estos obstáculos provocan que algunos desarrolladores opten por esquemas informales.

“Entonces qué hacen, pues mejor no hago el fraccionamiento, mejor lo hago irregular y ya lo hago los municipios que se encarguen”, comentó. Además de simplificar trámites, Anaya Orozco planteó replantear el modelo de crecimiento urbano de las ciudades para avanzar hacia esquemas de mayor densidad.

“Tenemos que aprender a vivir en vertical, a vivir en comunidad vertical, o sea, no es nada raro en los países desarrollados que viven en vertical”, señaló.

Explicó que la verticalización facilitaría la dotación de servicios públicos. “Dotas mucho más fácil de servicio a un edificio que a una colonia que está en un kilómetro cuadrado”, indicó.

Finalmente, Anaya llamó a la población a no dejarse engañar por quienes venden terrenos sin servicios ni certeza jurídica.

“La ciudadanía no se preste a engaños con pseudo líderes sociales que venden terrenos irregulares relativamente baratos y que la verdad es que lo único que van a hacer es venderles un problema de vida”, concluyó.

Fue el pasado 12 de marzo cuando la SCJN resolvió un amparo para garantizar el mínimo vital de agua potable a habitantes de un asentamiento irregular en Ciudad Juárez, Chihuahua, al determinar que el derecho humano al agua debe asegurarse aun cuando las personas vivan en colonias no regularizadas.

Al tratarse de un criterio emitido por el máximo tribunal del país, la resolución podría convertirse en referencia para otros casos similares y ser invocada en amparos en distintos estados, lo que eventualmente obligaría a autoridades municipales y estatales a garantizar el suministro de agua en asentamientos irregulares.