Aventaja Luis Navarro por 14 puntos en encuesta de Morena en Morelia
MORELIA, Mich., 18 de noviembre de 2026.- En Michoacán, las mujeres víctimas de violencia podrán permanecer en sus viviendas mientras sus presuntos agresores son obligados a abandonarlas, incluso cuando estos sean propietarios del inmueble, luego de que el Congreso del Estado aprobó este miércoles una reforma que permite su desalojo inmediato como medida de protección, con el auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.
La modificación a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres se aprobó en sesión pública este miércoles por unanimidad, y establece que la desocupación del domicilio conyugal o del lugar donde habite la víctima procederá independientemente de quién acredite la propiedad o posesión del inmueble, incluso cuando se trate de una vivienda arrendada.
Para hacer efectiva esta disposición, el Ministerio Público podrá intervenir con acompañamiento institucional y solicitar el uso de la fuerza pública cuando el presunto agresor se oponga a abandonar el domicilio.
La reforma, impulsada por el diputado Juan Pablo Celis Silva y dictaminada por las comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género y de Justicia, amplía el catálogo de órdenes de protección administrativas pars mujeres que enfrentan situaciones de violencia.
Además del desalojo, el Congreso aprobó incorporar el resguardo de armas de fuego y otros objetos utilizados para amenazar o agredir a las mujeres, sus hijas, hijos o personas significativas para ellas.
La disposición contempla también que, cuando exista una licencia de armas de fuego, se pueda solicitar a la autoridad competente iniciar el procedimiento para su revocación.
En los casos donde el presunto agresor pertenezca a corporaciones policiacas, militares o de seguridad pública, tanto públicas como privadas, el aseguramiento del arma que tenga asignada deberá realizarse conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Durante el análisis legislativo se argumentó que las medidas existentes resultaban insuficientes para garantizar la integridad de las mujeres y sus familias, particularmente cuando la violencia ocurre dentro del propio hogar.
Con estas modificaciones, la legislación estatal fortalece las facultades del Ministerio Público para ejecutar órdenes de protección sin que la titularidad de una vivienda constituya un impedimento para separar al presunto agresor de la víctima.




