Michoacán: aprueba Congreso cuenta pública 2024 con 299 irregularidades

MORELIA, Mich., 29 de abril de 2026.- Entre acusaciones de irregularidades, señalamientos de “politiquería” y la defensa del proceso de fiscalización, el Congreso de Michoacán aprobó la cuenta pública estatal 2024 con 28 votos a favor y uno en contra, en un debate que exhibió la disputa política por la interpretación de los hallazgos de la Auditoría Superior de Michoacán.

En sesión pública, este miércoles, desde tribuna el diputado del PRI, Guillermo Valencia Reyes, sostuvo que el dictamen contiene “una radiografía devastadora del manejo que el gobierno actual ha hecho de los recursos públicos”, al referir que durante el ejercicio fiscal se emitieron 430 observaciones preliminares a 29 entidades estatales.

De ese total, señaló, “solamente 147 pudieron ser justificadas”, mientras que “los restantes 271 fueron ratificadas porque los funcionariod no pudieron explicarlas”, lo que derivó en “299 informes de presuntas irregularidades, casi 300 expedientes de posibles actos ilícitos que ahora van camino a la autoridad investigadora”.

El legislador detalló que las observaciones alcanzan prácticamente a todas las dependencias, y citó casos específicos como la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, con “pagos injustificados, pagos en exceso, pagos improcedentes y deficiencias técnicas en las obras”, además de proyectos multianuales “sin matriz de seguimiento ni matriz de riesgos”.

En el sector salud, advirtió que la Auditoría detectó “un subejercicio que no fue reintegrado a Finanzas, hubo ingresos propios que no fueron reportados y recursos que aplicaron sin documentación comprobatoria”, mientras que en la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte “la totalidad de sus irregularidades no fue justificada”.

El diputado también señaló rezagos en metas institucionales: “El Instituto del Transporte cumplió con apenas el 50.25 de lo que se comprometió” y el DIF estatal “cumplió apenas el 57 por ciento de sus metas”, además de acusar que hubo entidades que ni siquiera contaban con información financiera disponible al momento de la auditoría.

“Una cuenta pública con 299 informes de presuntas irregularidades no merece una aprobación”, afirmó, al adelantar su voto en contra.

La postura fue rebatida por legisladores de Morena, entre ellos Juan Pablo Celis Silva, quien desestimó los señalamientos y acusó un uso político del tema.

“Es politiquería, es grilla, porque como ya bien se manifestó aquí, no esftá cerrado, son observaciones y las observaciones se observan, se aclara o se sancionan conforme a derecho”.

Celis defendió que “no hay nada que esté diciendo que este gobierno actúa con corrupción” y sostuvo que las críticas responden a intereses electorales, al señalar que el PRI “anda buscando los problemas que pasan en Michoacán” para llamar la atención.

Desde la Comisión Inspectora, el diputado Baltazar Gaona García respaldó la aprobación al considerar que las 299 observaciones reflejan una auditoría más estricta y no necesariamente desvíos: “No representan observaciones de desfalcos, que se hayan robado el dinero, muchas de estas observaciones son cuestiones de trámites”.

Incluso comparó con administraciones anteriores, donde dijo que se detectaban “700 presuntas irregularidades, 890, muchas más de las que hoy se están detectando”, y defendió que actualmente existe un manejo “exageradamente estricto” de las finanzas públicas.

En contraste, Valencia reiteró que su postura se basa en el propio dictamen: “Si alguien miente, pues es el dictamen, porque de ahí lo saqué”, y rechazó que el debate se desplazara hacia gobiernos anteriores, al señalar que lo revisado fue la cuenta pública del actual ejercicio fiscal.

“Aquí se viene a analizar la cuenta pública de un ejercicio fiscal, no los gobiernos pasados del PRI o del PAN o de lo que sea, porque eso parece que no lo superan; están gobernando ustedes, es cuenta pública de ustedes”, reprochó.

El debate cerró con la aprobación del documento con 28 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. Según se precisó en tribuna, la votación no concluye la fiscalización, sino que mantiene el seguimiento de las observaciones hasta su plena conclusión.

Así, el Congreso avaló la cuenta pública 2024 en medio de una narrativa dividida: para la mayoría, un ejercicio institucional que confirma que la Auditoría revisa; para la oposición, un documento que evidencia fallas graves en el manejo de los recursos públicos.