Michoacán: 86% de reclusas sin ginecólogos, ni pediatras para sus hijos
MORELIA, Mich., 5 de mayo de 2025.- En Michoacán, hasta 86 por ciento de las mujeres privadas de la libertad no ha recibido atención ginecológica y al menos 40 menores de edad que viven con sus madres en prisión no tienen acceso garantizado a atención pediátrica.
Lo anterior revelan las diputadas Eréndira Isauro Hernández, Anabeth Franco Carrizales y el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, para sustentar una iniciativa de reforma que presentarán el próximo miércoles en el Congreso de Michoacán.
La propuesta plantea modificar el artículo 80 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, para obligar a los centros penitenciarios a contar con personal médico especializado en ginecología, obstetricia y pediatría, además de establecer áreas médicas separadas y dignas para mujeres internas y sus hijos menores de tres años.
La iniciativa precisa que en Michoacán hay 361 mujeres en reclusión; de ellas, 95 presentan alguna discapacidad, seis hablan una lengua indígena, 71.3 por ciento son madres y al menos 13.3 por ciento ha estado embarazada durante su internamiento.
Sin embargo, la mayoría enfrenta condiciones de salud precarias, sin acceso regular a servicios preventivos ni atención médica diferenciada. El documento revela que entre 13 y 86 por ciento de las internas en penales como Apatzingán, Zamora y Zitácuaro afirmaron no haber recibido atención ginecológica, y hasta 60 por ciento no ha tenido exámenes de Papanicolaou.
En varios centros penitenciarios mixtos, las mujeres deben acudir a áreas médicas varoniles, lo que representa una violación a su derecho a la salud con perspectiva de género.
La iniciativa contempla también garantizar métodos de planificación familiar e interrupción legal del embarazo, así como esquemas de vacunación, tamiz neonatal y suplementos alimenticios para los hijos de las internas que habitan con ellas en prisión.
De aprobarse, el Ejecutivo estatal tendrá dos años para implementar progresivamente las medidas necesarias, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Coordinación del Sistema Penitenciario.
Según se expone, la propuesta busca corregir un rezago histórico en el trato médico penitenciario, que hasta ahora ha reproducido un modelo centrado en la población varonil, invisibilizando las necesidades específicas de las mujeres reclusas y de la niñez que vive con ellas.
