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MORELIA, Mich., 1 de diciembre de 2025.- En Michoacán no hay estructuras mínimas para investigar y resolver delitos, pues de 113 municipios, 77 carecen de Ministerio Público (MP) y alrededor de 90 no tienen juez, advirtió el presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim), Roberto Ramírez Delgado.
En entrevista telefónica, a pregunta expresa señaló que el asunto es preocupante y debe de colocarse como la prioridad central dentro del recién anunciado Plan Michoacán.
Apuntó que el análisis elaborado por las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, el Consejo Coordinador Empresarial y organismos aliados indica que este vacío institucional es preocupante .
Lo anterior, porque provoca que cualquier denuncia presentada en municipios sin MP tenga que trasladarse a otra localidad para integrar la carpeta de investigación, lo que prolonga los tiempos, reduce la capacidad de reacción y limita la atención inmediata a víctimas y denunciantes.
En el ámbito judicial, la carencia es aún más amplia: cerca de 90 municipios operan sin un juez de primera instancia, lo que impide dar seguimiento inicial a los casos y profundiza la fragilidad de la administración de justicia en la entidad.
El presidente de la Fucidim subrayó que este panorama se agrava por la debilidad de las policías municipales, que en varios ayuntamientos mantienen plantillas mínimas, bajos salarios y escasa capacitación.
Aunque existen corporaciones estatales y federales como la Guardia Civil y la Guardia Nacional, son los cuerpos municipales los que mantienen el vínculo directo con la ciudadanía, y en algunos municipios apenas suman tres elementos activos.
Ramírez Delgado también llamó la atención sobre el manejo del Fortapaz, fondo derivsdo del impuesto a la nómina.
De acuerdo con alcaldes, no todos los municipios lo reciben y, cuando llega, su aplicación no siempre responde a las prioridades locales en materia de seguridad.
Mientras otros estados han construido modelos de administración mayoritariamente ciudadana, en Michoacán la decisión recae en el gobierno estatal, que en ocasiones ha destinado el recurso a infraestructura deportiva en lugar de al fortalecimiento policial.
La preocupación entre autoridades municipales se intensificó tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, perpetrado durante un acto público.
En un reciente encuentro con representantes de la Secretaría de Gobernación, varios ediles admitieron sentir temor y tensión por las condiciones de inseguridad, aun cuando no todos pudieron expresarlo abiertamente.
Fucidim consideró indispensable que la Federación y el Gobierno de Michoacán integren las propuestas ciudadanas, revisen la política criminal y evalúen ajustes normativos.
Recordó que la intervención federal derivó de los asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo, por lo que sostuvo que el fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia debe colocarse por encima de cualquier otro de los doce ejes planteados en el Plan Michoacán.




